La Corte: que pase al tablero

Fernando Londoño Hoyos

Lapatria.com

La extradición de colombianos, particularmente la que se hace a los Estados Unidos, tiene larga y penosa historia. Cuando empezó la lucha contra los grandes carteles de la droga, el de Pablo Escobar, el de los Rodríguez Orejuela y el de El Mexicano, para ser exactos, se movió todo aquel andamiaje siniestro en el que llegaron a comprometerse los más connotados juristas de Colombia.

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, a manos de la mafia, revivió el tema de la extradición. Estaba claro que a los delincuentes los tenía sin cuidado el aparato judicial y carcelario de Colombia. Sabían que con un par de cañonazos de un millón de dólares, menuda para ellos, todo se arreglaba. Le temían a la extradición. Solo a eso.

Como el Gobierno de Betancur persistiera, le organizó la mafia, con el apoyo de esa otra mafia que se llamó el M19, la fiesta del Palacio de Justicia. Se trataba de incendiar los archivos de la Corte, asesinar los magistrados de la Sala Constitucional, poner de rodillas el Gobierno y rematar con unas conversaciones de paz conducidas a su antojo.

Aquella barbaridad no resultó. Las Fuerzas Militares y de Policía recuperaron el Palacio y salvaron centenares de secuestrados por estos salvajes. Y Virgilio Barco tuvo el coraje de persistir en la extradición como instrumento fundamental de defensa de nuestro débil Estado contra el poder omnipotente de las hordas mafiosas. Los Ministros Low Murtra y Parejo González pagarían con sangre el valor de enfrentar con esa arma a los carteles de la cocaína.

Llegó la Constitución de 1991. Que cometió con la prohibición de la extradición el primero y el más negro de todos sus pecados. No será para el olvido que los militantes del M19, por esas curiosas veleidades de nuestra democracia, conformaban la fuerza primera de aquella política disociada, confusa y mediocre que parió la triste Carta que nos rige. Y los socios de la masacre del Palacio de Justicia le cumplieron a la memoria de sus caídos y a los dólares de sus compinches. La extradición quedó proscrita y tuvimos que vivir la amarga experiencia de ver a Pablo Escobar de amo y señor del Estado, diseñando la cárcel donde estaría supuestamente recluido. Allá, desde La Catedral, ese infame, custodiado por sus subalternos, entre lujos persas y facilidades plenas, siguió su negocio, vivió como rey, atendió a sus allegados, juzgó y asesinó a los que se salieron de la raya.

Los excesos de Escobar terminaron en lo que debían terminar. Para su búsqueda se utilizaron aviones de espionaje norteamericanos, que no eran inconstitucionales como ahora, y el caudillo de todos los males de Colombia cayó abatido en Medellín. Rodríguez Gacha siguió su suerte y los Rodríguez Orejuela querían disfrutar el camino de los Ochoa, para vivir a sus anchas su gigantesca fortuna. A propósito: ¿que pasó con el clan Ochoa?

El presidente Álvaro Uribe revivió la extradición. La que practicamos con celo y eficacia. Centenares de esos atroces asesinos del género humano pararon en cárceles de los Estados Unidos. Hasta que apareció la Corte Suprema de Justicia. Y con ponencia de su expresidente, Augusto Ibañez, decidió que la extradición no procedía cuando los delincuentes tuvieran denuncias por hacer en Colombia y cuando les quedara pendiente la indemnización a sus víctimas.

Golpe mortal a nuestras relaciones con los Estados Unidos. Golpe mortal a nuestra lucha contra el narcotráfico. Golpe mortal a la dignidad de Colombia, otra vez de rodillas ante la mafia.

Han pasado años desde que la ponencia de Ibañez fue aceptada por sus colegas. Han pasado años desde que el narcotráfico volvió a respirar tranquilo en las cárceles colombianas. Han pasado años desde el día en que la Corte prometió que con su tesis se recuperaban la justicia y los derechos de las víctimas. Pues es hora de que pase al tablero. Es hora de que nos diga de qué sirvió romper con los Estados Unidos, apoyar la mafia, revivir el narcotráfico y deshonrar a Colombia. Esperamos el balance.