lunes, 23 de mayo de 2011

¡Y las Farc de fiesta!

Rafael Nieto Loaiza
Elcolombiano.com

Ingenuos: mientras algunos abogábamos porque se aprovecharan los computadores de Reyes para obtener cambios radicales en la conducta de Ecuador y Venezuela, en provecho de los intereses nacionales, la Suprema maduraba un auto inhibitorio que sostiene que las pruebas obtenidas en esa operación son ilegales y no producen ningún efecto jurídico.

Aclaremos que está probado que la información de los computadores es cierta, más allá del esfuerzo de Correa y Chávez por sostener que son un invento o que lo que dicen es falso. Los computadores son reales y su contenido no fue manipulado o alterado, como ratificó Interpol. Con base en esa información en España se capturó a Remedios García, enlace de las Farc, y se dictaron medidas contra miembros de Eta, en Paraguay se desmanteló un grupo guerrillero responsable del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero de las Farc, y en Chile se abrió un proceso judicial contra uno de sus miembros.

Pero lo que afuera fue útil para perseguir a los violentos y sus bienes, para nuestra Corte no vale nada. Y no porque sea falso, que no lo es, sino por una leguleyada: que la prueba es ilegal por no haber sido obtenida en virtud de los tratados de asistencia judicial con Ecuador. A la Sala Penal le importa un bledo que los mismos computadores prueben que las autoridades ecuatorianas a las que según la Corte había que solicitarles cooperación para capturar a Reyes y sus computadores fueran precisamente quienes estaban colaborando con las Farc, empezando por el ministro y el viceministro de Interior y Seguridad ecuatorianos. Una ironía.

La Corte además sugiere que la operación contra Reyes violó la soberanía ecuatorial y es violatoria de distintos tratados internacionales. Es decir, nuestros flamantes penalistas asumen el papel de expertos en derecho internacional y, de paso, abren espacio para demandas de Ecuador contra Colombia por el bombardeo. Anulan el valor de la información que involucra a funcionarios ecuatorianos en flagrantes violaciones al derecho internacional, al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y a los de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y agudizan el riesgo judicial de los militares y policías que actuaron en la operación. Y de Uribe y Santos, que la ordenaron.

Si del lado de la lucha contra los violentos todo es pérdida, del otro la fiesta no se hizo esperar. Correa calificó la información como una "patraña" que "no tenía ninguna validez moral ni ética" y dijo que los "archivos fueron manipulados y alterados". El canciller Maduro sostuvo que todo era una "fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores". Borja amenazó con demandas contra la Fiscalía, el Estado y los medios de comunicación. Teodora anunció que ella iba a impugnar su destitución. Y no hay que ser adivino para saber que en los campamentos de las Farc están de parranda.

Que la Corte no nos mienta: aquí no ganaron la sociedad colombiana, la justicia o el debido proceso. Los únicos ganadores son los terroristas y sus amigos en Colombia y en el extranjero. Para decirlo con todas las letras, el resultado de la decisión es que la Sala Penal protegió a todos los miembros de las Farc y a sus colaboradores, sus bienes y estructuras políticas, que están referidos en los computadores del antiguo jefe político de esa organización. Toda la información que hay sobre ellos en esos soportes informáticos, megas y megas de datos, no puede usarse en su contra.

miércoles, 4 de mayo de 2011

La confusión

Alberto Velásquez M.
Elcolombiano.com

Independientemente de que se sea gobiernista o no, la percepción que se ha venido generalizando en el país es la de que se está malogrando la política de seguridad que sembró Uribe en su mandato. "340 municipios sitiados por grupos armados ilegales", según informa EL COLOMBIANO, confirman tal apreciación.

Pareciera que el conflicto armado comenzara nuevamente a agudizarse. Que la Seguridad Democrática se estuviera marchitando prematuramente, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros frutos. Política que requiere abonarse y perfeccionarse en vez de dejarla asfixiar por la maleza de la desidia oficial y la delincuencia. La criminalidad ya no solo comienza a rebrotar en las zonas rurales del país, sino con mayor énfasis en las grandes y medianas urbes colombianas.

Las acciones subversivas han ido en aumento. Con el agravante de que en las Fuerzas Militares se adivina cierto grado de desmoralización, dado los hostigamientos a que han venido siendo sometidos altos y medianos mandos. Hay funcionarios del Estado que en vez de convertirse en aliados del Ejército para la lucha jurídica y frontal contra la delincuencia, vienen ejerciendo el papel de hombres estorbos, cuando no de inquisidores para menoscabar la moral castrense. El mismo general Matamoros, al ser decapitado por un marino, confirmó "la notoria caída de la eficiencia de las tropas y la confusión que reina en el alma de nuestros combatientes". No es propiamente un chisgarabís el que patentiza esta decepcionante realidad, sino el más antiguo oficial, ya cesado, del Ejército Nacional.

A simple vista este desapego -sin decir abandono total- por el tema de la seguridad parece que obedeciera a cierto complejo del Gobierno Nacional por seguir predicando y practicando la Seguridad ciudadana como tema prioritario de su agenda de trabajo. Sabemos que es una acción que incomoda a los nuevos socios externos del presidente Santos y a ciertos grupos de izquierda y anarquistas, tan poco interesados en que los hechos de inseguridad se disipen del ensombrecido panorama de la política nacional.

El caso de las llamadas bacrim es de un protagonismo dramático. La Dipol calcula que estos grupos tienen presencia en 17 departamentos, es decir, la mitad de las regiones de Colombia. Cerca de 10 mil hombres formarían tal imperio diabólico, si damos crédito a las mismas organizaciones que no son muy afectas al gobierno anterior, y que han levantado sus voces de hosannas para recibir, en medio de arcos triunfales, el advenimiento del actual gobierno.

Posiblemente el avasallador invierno, que movió al jefe del Estado a invocar la formación de un frente común para paliar sus efectos destructores, ha servido de distractor para desviar la atención del alto gobierno de su misión constitucional de garantizar la vida de los colombianos. Ciudadanos que comienzan nuevamente a sentir los rigores de la inseguridad en campos y ciudades.

Las extremas izquierdas -que como las brujas, que las hay las hay- y los chamberlain criollos les están ganando la batalla a quienes defienden los fueros de los militares. Estos quedaron a merced de una sesgada justicia ordinaria. Los excesos de un leguleyismo amparado por la politización de la justicia los está degradando y despojando de sus charreteras. Y si de encima se cuenta con un ministro de Defensa bien intencionado, pero sin voz de mando que aglutine y cauterice las heridas que se abren en la moral interna del Ejército por movimientos súbitos en sus jerarquías castrenses, ahí sí que el panorama se pinta de un gris oscuro.

¿Dejará este Gobierno languidecer, para que muera por sustracción de materia, la Seguridad Democrática? ¿La que abrió tantas esperanzas -para que se adoptara como política de Estado- en un país que tiene más de medio siglo de soportar estoicamente la violencia?

viernes, 29 de abril de 2011

¿Por qué el Coronel Plazas es inocente?

Jaime Granados
Elcolombiano.com

Existen muchas razones que impedían jurídicamente la imposición de sentencia condenatoria en contra del Coronel Alfonso Plazas Vega, tema que se ha ventilado en foros especializados. A estos motivos se agregan otros de orden probatorio, que demuestran la absoluta inocencia del Coronel en estos hechos. Sin embargo, esta es Colombia y, de manera increíble, fue condenado en junio de 2010 a 30 años. Se dirá que digo esto porque soy su defensor, pero ahí está el expediente para quien lo quiera examinar.

El Coronel Plazas no fue el comandante del operativo de la recuperación del Palacio, como se ha querido hacer creer. Él era uno de tantos subalternos, por debajo del general Jesús Armando Arias, designado para ejecutar la orden presidencial de recuperar el Palacio. Esto es ignorado flagrantemente en la sentencia condenatoria, que supone que el Ejército se comportaba como un comité.

No. En los cuerpos militares hay jerarquías, hay cadenas de mando, hay compartimentación de la información. Considerando que el M-19 estaba bien parapetado, la misión del Coronel Plazas como comandante de la Escuela de Caballería y encargado de los tanques, era el ingreso al Palacio, recuperación física del mismo y liberación de los rehenes. En esa tarea también participó la Escuela de Artillería al mando del Coronel Rafael Hernández y del Mayor Carlos Fracica, así como seis unidades tácticas más.

El Ejército tiene un cuerpo de inteligencia, del que no hacía parte Plazas. Era natural que a la inteligencia, no sólo del Ejército (B2, COICI al mando del General Iván Ramírez), sino además de policía (F2) y civil (DAS), le correspondiera averiguar lo relativo a ese asalto y a sus autores. Hay testimonios, que no comprometen al Coronel Plazas, sobre conductas irregulares de integrantes de estos cuerpos, que pudieron culminar con la desaparición de una sola persona, la guerrillera Irma Franco. Cuando el Coronel Plazas culmina su misión de derrotar a la banda asaltante y de rescatar a los rehenes, se retira de la escena, momento en el cual, en la casa del Florero, los organismos de inteligencia adelantaban su labor.

Se acreditó hasta la saciedad la mentira del dicho de los testigos de cargo en contra del Coronel Plazas, señores Ricardo Gámez, Tirso Sáenz y Édgar Villamizar. En la sentencia condenatoria sólo se pudo recurrir al último de los citados. Gámez, ni siquiera fue usado por la Fiscalía para sustentar sus distintas decisiones. El segundo, Sáenz, convicto de delitos graves, envía cartas al juzgado advirtiendo que en caso de no ser trasladado a Bogotá, tal y como le fue ofrecido, se retractaría de lo dicho en contra del Coronel. Naturalmente consiguió el inmediato traslado de Cómbita a La Picota. El tercero, Villamizar, rodeado de dudas sobre su verdadera existencia e identidad, personaje este que, en cualquier caso, nunca salió de Granada Meta, como para testificar lo que había pasado en Bogotá. Los mismos motivos por los cuales el juzgado desecha el testimonio de Sáenz, en sana lógica, tendrían que haber descartado el de Villamizar. Pero no.

Su testimonio es el que fundamenta la condena. No se olvide que un parlamentario del M-19 acusó a Plazas de ser su torturador, demostrándose que éste estaba fuera del país para la fecha en que el honorable parlamentario decía haber sido torturado. Esa es la laya y la ley de los testigos en contra del Coronel Plazas. A Sáenz, Villamizar y otros falsarios, se les tenía que haber investigado por falso testimonio, pero no se hizo.

Quedan aún los recursos de apelación interpuestos por defensa y por Procuraduría, pendientes de decisión, y una eventual casación, para corregir los graves errores de la sentencia de primera instancia y evitar una grave injusticia. El mejor homenaje que pueden hacer jueces y magistrados en Colombia a hombres como Reyes Echandía o Medina Moyano, es profiriendo sentencias no bajo el imperio de la pasión, el deseo de revancha, o por la presión de los medios de comunicación, sino iluminados por la razón, el derecho y, por sobre todo, la justicia.

domingo, 24 de abril de 2011

La reforma que nunca llega


Rafael Nieto Loaiza
Elpais.com.co

Dicen que los columnistas somos obsesivos y que reiteramos nuestras columnas, bajo distintas formas, una y otra vez. Quizás sea así. Al menos yo, lo reconozco, vivo con la idea permanente de que nuestro sistema de administración de justicia se debate entre el desastre y la vergüenza y que su reforma es la tarea pendiente que ni el anterior gobierno ni éste han logrado acometer.

No es que no se haya intentado. Me consta que en la administración Uribe, Fernando Londoño lo procuró dos veces, en una de cuyas ocasiones apenas tres temas resultaron ser ajenos al consenso entre las altas Cortes. En lo demás, para mi sorpresa, hubo acuerdo. Y no era esa una reformita de pipiripao, como la de Pretelt de la Vega, un regular economista que posaba de abogado, sino una de calado que tocaba los asuntos estructurales. Al final, el esfuerzo fracasó. Sé también que lo intentaron los ministros de Justicia siguientes, también ellos sin éxito.

Santos también lo quiso y jugó, como antes Uribe, a alcanzar un acuerdo con las Cortes. Algunos advertimos que ese era el mejor camino para ponerle lápida a la reforma. Así ha sido. Ya el Gobierno tuvo que anunciar que no presentaría proyecto de reforma en esta legislatura. Y sé de inmejorables fuentes que las discusiones al interior de la comisión para la reforma a la Justicia, de la que hacen parte los presidentes de las Cortes y del Legislativo, dan grima y van camino a ningún lado.

Pero muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable, sin prueba ninguna de su responsabilidad en los hechos y con única base en un supuesto testimonio de alguien cuyo nombre no coincide siquiera con el documento de identidad que dijo tener.

Muy mal anda una administración de justicia que acusa a cuatro jóvenes tecnócratas, ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, por celebrar un contrato directo con un organismo de la OEA con el que desde la década de los 60 todos los ministros del ramo han celebrado idénticos convenios. Y que los priva de la libertad mientras que los juzga, mientras que esa misma Fiscalía pide que los Nule se vayan a su casita, la ‘Gata’ anda suelta y con escoltas por todo el Caribe, y la Suprema le da casa por cárcel a la confesa Yidis Medina.

Muy mal anda una administración de justicia que a fines de 2009 tenía en sus inventarios 1.174.191 noticias criminales de supuestos delitos por esclarecer, y que ese mismo año ingresaba 986.064 casos más, un número que supera el total de los evacuados durante toda la vigencia del sistema penal acusatorio.

Muy mal anda una administración de justicia que esta misma semana, en una leguleyada, ordenaba la libertad de ‘Chucho’, un confeso asesino de las Farc. Y que en los cinco años de funcionamiento del sistema acusatorio produce apenas 5.587 condenas por homicidio cuando en ese mismo período se produjeron, según cifras oficiales, 84.745 asesinatos. Es decir, sólo en el 6,59% de los homicidios encontró culpable. Mal, muy mal anda una Justicia en que un homicida tiene el 94% de posibilidades de que su crimen nunca sea castigado.

martes, 19 de abril de 2011

¿Justicia o vergüenza?


Rafael Nieto Loaiza
Elpais.com.co

La corrupción es una plaga que corroe a la sociedad por dentro, mina la ciudadanía, debilita las instituciones y no nos permite atacar de manera eficaz y eficiente la miseria y la pobreza y el pavoroso déficit de infraestructura que nos agobian.

De manera que no se puede sino aplaudir los esfuerzos del aparato judicial por llevar a la cárcel a los responsables de tales desafueros. Pero la Justicia debe ser eso, el ejercicio de darle a los responsables de violar la Ley el castigo que se merecen, y no una herramienta populista o de persecución política. Cuando se desvía, cuando pierde su rectitud e imparcialidad, cuando actúa como instrumento político o de venganzas personales o como complaciente caja de resonancia de la presión que los medios de comunicación ejercen, el aparato penal deja de ser la fuerza legítima del Estado contra quienes delinquen y se convierte en violencia revestida de legalidad que se cierne tenebrosa sobre los inocentes.

Mucho me temo que ese es el caso de los cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura a quienes acaban de privar de su libertad. Advierto que no tengo interés personal en el asunto: nunca he tenido trato con ellos o con el Ministerio o las entidades que de él dependen. Soy una especie urbana y ni mis padres ni mis hermanos ni yo hemos tenido finca o actividad agropecuaria alguna.

Estos jóvenes parecen ser los chivos expiatorios de un escándalo, el de Agro Ingreso Seguro, donde la desinformación ha cundido y el trabajo de la Fiscalía es vergonzoso. Para que el lector no se equivoque, aquí no se está juzgando a los particulares que fraccionaron sus propiedades, para efectos de obtener más subsidios en el programa de riego. Ese es un proceso distinto donde, si se prueba que se actuó dolosamente, la Justicia debería ser implacable.

Tampoco se acusa a los ex funcionarios de haberse robado un peso o de haberse coaligado con particulares que lo hicieran. Está fuera de duda que eso no ocurrió. Se les imputa por “celebración indebida de contratos”, después de que el fiscal del caso no fuera capaz de sustentar los cargos de peculado. En otras palabras, se les acusa por la celebración de un contrato directo con un prestigioso órgano de la OEA, el Iica, y de no haber previsto suficientes blindajes para que los recursos no se desviaran.

Pero ocurre que a) contratos directos con el Iica han celebrado todos los ministros de Agricultura de las últimas décadas. ¿A ellos también los van a acusar?; b) el actual Ministro ha celebrado uno, con el mismo propósito, con la Universidad Nacional. ¿Acaso es ilegal contratar directamente con el Iica y en cambio no con la Nacional?; c) y a ningún funcionario se le puede pedir que actúe más allá de lo razonable en la previsión de las conductas de los particulares y, sobre todo, no se le puede juzgar por los delitos que éstos puedan cometer.

Para rematar, a los acusados se les priva de la libertad dizque por su peligrosidad, por la posibilidad de que repitan su actuación supuestamente delictiva (¿cómo, si ya no son funcionarios?), y, para las dos mujeres, sin considerar que son madres cabeza de familia.

De manera que la Fiscalía considera que delincuentes confesos como los Nule ameritan irse para su casa, pero piensa que unos jóvenes tecnócratas que nada se han robado son tipos peligrosísimos que tiene que estar encerrados mientras que se les juzga. Y mientras tanto, Yidis Medina, confesa y culpable e investigada por secuestro, cuenta también con la protección de la Suprema y está dichosa cumpliendo sentencia en su casita. Esa es nuestra ‘justicia’.

sábado, 16 de abril de 2011

¿Que ya no hay campamentos en Venezuela?

Carlos Andrés Pérez
Elcolombiano.com

Quedamos sorprendidos, no sólo los colombianos de bien sino muy seguramente los guerrilleros de las Farc que están en Venezuela, con la certidumbre que demostró Juan Manuel Santos en España al decir que los campamentos que antes él mismo denunciaba como ministro de Defensa, desaparecieron.

A quienes seguimos a diario desde hace muchos años el inequívoco amparo que Hugo Chávez le ha dado públicamente a ese grupo y al Eln, nos cayó como un baldado de agua fría la contundencia de Santos. Meses atrás habíamos recibido con estupor las pruebas de 87 campamentos en los que permanecían o pasaban 1.500 guerrilleros, que presentó ante la OEA el embajador Luis Alfonso Hoyos.

Lo mínimo que esperamos ahora de Santos, al realizar esas concesiones tan desproporcionadas a su socio venezolano, son pruebas igual de contundentes a las que el gobierno del que él mismo hizo parte, presentó en julio de 2010. Decir en un programa de televisión español que tiene "constancia de que los campamentos que nosotros teníamos ubicados ya no están ahí" es por demás ingenuo e irresponsable, que es peor.

Santos está deslumbrado porque Chávez le entregó dos guerrilleros que asesinaron a infantes de marina colombianos y dice que ese es un gesto que "no tiene precedentes", además agradeció el envío de "narcotraficantes importantes" como si esa no fuera la obligación de un Jefe de Estado del mundo democrático y al contrario tuviéramos que decirle gracias al dictador por hacernos el favor.

Aquí hay un nuevo asunto para analizar: si las cosas son tan color de rosa como las pinta el Presidente, ¿no cabe preguntarse, entonces, si la información que él mismo filtraba a los medios sobre la participación del tirano venezolano en actividades ilegales, era mentirosa y a la vez una 'picardía' (para usar sus propios términos) electorera?

Qué desgaste innecesario el del expresidente Álvaro Uribe al romper las reglas de lo que el común entiende como diplomacia y revelar la verdad ocurrida con nuestros vecinos. Qué desgaste sin sentido el del exembajador Luis Alfonso Hoyos al soportar burlas en la cara cuando su colega Roy Chaderton de Venezuela ridiculizó las fotos y videos del amparo de Chávez, que él mostraba.

No hay ninguna justificación para que Santos haga lo que está haciendo, ¡ninguna!: ni las buenas relaciones, ni ganarse un sitial de liderazgo en América Latina, ni evitarse insultos en Aló Presidente.

Al contrario, el respeto por su país al que no debería engañar con afirmaciones aligeradas como la de esta semana, sí justifica una revisión a su forma de conducir muchas cosas del gobierno.

Falsos positivos judiciales

Jorge Enrique Pava Quiceno
Lapatria.com


En un atinado y bien fundamentado editorial del diario El Espectador del miércoles pasado, se hace una especie de denuncia relacionada con la supuesta rigurosidad de la justicia colombiana en el caso de Agro Ingreso Seguro, y con la forma como ésta misma justicia quiere mostrar resultados a toda costa, aún sacrificando la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.

Hace unas interesantes reflexiones el editorialista sobre el afán mediático de quienes dictaron medida de aseguramiento en contra de cuatro funcionarios de alto rango en el Ministerio de Agricultura, no por "haber hecho algo indebido" sino por "no haber previsto en las regulaciones legales suficientes mecanismos de blindaje para que los recursos no fueran desviados". ¡Qué tal! Se agotan los procedimientos legales; se cumplen todos los formalismos exigidos; se respetan todos los cánones contemplados en el otorgamiento de recursos; se cumplen las revisiones en todas las instancias; y cuando, una vez en manos de particulares, esos recursos son malgastados o desviados, se quiere encontrar la responsabilidad en los funcionarios que los otorgaron y no en quienes los utilizaron indebidamente. Es como si, con el producto de un préstamo bancario, el beneficiario comprara un cargamento de narcóticos; ¿tendrían que pagar una condena el gerente del banco y demás empleados que intervinieron en la operación bancaria?



Pero esa justicia mediática que hoy se hace presente en el caso de AIS, no está debutando apenas ahora. En Manizales y Caldas hemos venido soportándola desde hace unos cuantos años en los que todo se judicializa, toda actuación es mirada con recelo y toda obra que se emprende se ve truncada por la influencia de la envidia política, económica o social que encuentra eco en los órganos de control o judiciales.

Infortunadamente en esta región quien gestiona el desarrollo, quien actúa, quien visiona con emprendimiento o quien se atreve a soñar, no es digno de alabanza, apoyo, colaboración y reconocimiento, sino que se convierte en sospechoso, corrupto, prevaricador y delincuente. Y como nuestra justicia muchas veces atiende con dudosa celeridad el rumor, la noticia malintencionada, el anónimo cobarde o la acusación infundada, cualquier persona (sobre todo el funcionario público) pasa de la gloria al infierno por un titular de prensa o por una noticia "filtrada", que no tiene un objetivo diferente al de poner en la picota pública a quien se quiere destruir, así al final, después de una larga tortura y varios millones perdidos, salga absuelto de toda culpa.

Miremos, por ejemplo, el caso de Manizales Segura donde se investiga con bombos y platillos a un gran número de personas que prestan servicios o venden bienes lícitos, de buena fe y cumpliendo todos los requisitos comerciales. ¿Qué se busca con esto? Dejar la sensación de que la justicia está operando, de que hay funcionarios pendientes de cuidar nuestros recursos, y de que existe una racionalidad en los órganos de control y judiciales. ¿Cuánto les cuesta este espectáculo al Estado y a los particulares que se ven involucrados en un largo y oneroso proceso, que cumple más un objetivo de escándalo mediático?

O en Aerocafé, donde la Contraloría procede en contra de decenas de personas que nada tienen que ver en el asunto, tratando de encontrar culpables por fallas geológicas, desastres naturales o imprevistos, y para ello utiliza una especie de "regadera" investigativa generando un pánico regional. ¿Qué pueden pretender? Desgastar las personas, vengarse del enemigo, desestabilizar al contendor, salir airoso de una batalla politiquera irracional, o simplemente generar caos para posar luego de salvadores. Y los órganos de control prestándose para este juego perverso…

Y remata el editorial citado con una frase que encaja perfectamente en lo que estamos viviendo en nuestra región: "… ojalá la justicia no permita que inocentes terminen pagando para satisfacer la ansiedad de la opinión pública o alguna que otra carrera política. No quedará una sola persona correcta en el país que se arriesgue a trabajar para el Estado si se siguen sentando malos precedentes como los que estamos presenciando".

¿Se le apuntaría Usted a ejercer un cargo público a sabiendas de que por un anónimo, por una acusación infundada, por un falso positivo judicial o por la venganza de un poderoso, va a ser destituido, estigmatizado, destruido o encarcelado? ¡Seguramente que no! De ahí que a estas alturas del partido electoral no haya claridad sobre personas buenas que quieran aspirar a gobernación o alcaldía, pues saben que con el solo hecho de exponer su nombre saldrán esas arpías politiqueras que sobrevuelan nuestra ciudad a tratar de mancillarlos, destruirlos y desterrarlos, utilizando los órganos de justicia para sus fines perversos.

miércoles, 13 de abril de 2011

Tan bueno cuando había seguridad

Juan David Escobar Valencia
Elcolombiano.com

"El colmo de la estupidez: aprender algo que luego se va a olvidar" . Erasmo de Rotterdam

No soy quién para poner en duda la teoría de Maslow que jerarquiza las necesidades del individuo y sugiere que la satisfacción de las necesidades fisiológicas es previa a las de seguridad, pues ya Clayton Alderfer decidió ponerlas en el mismo nivel. Pero si no es el individuo el centro de la discusión sino la comunidad, tal vez sea la seguridad el elemento fundamental que la garantice como lo plantea un documento del interesante proyecto de IBM®, " Global Innovation Outlook ", cuando dice que: "La sociedad debe su misma existencia a la necesidad humana básica de la seguridad colectiva. De esta manera, la seguridad y la sociedad son sinónimas. Sin la una, la otra deja de ser".

No voy a llenar esta columna con cifras que otros con más tiempo y espacio pueden hacer mejor que yo, sino a mencionar el sentimiento, ni imaginario ni infundado, de inseguridad que todos los días se acrecienta más en este país, así los altos mandos militares o el complaciente con su pariente en la Casa de Nariño, periódico capitalino, quiera soslayar.

Lo que está ocurriendo con la seguridad de Colombia es serio y preocupante, máxime cuando las calificadoras de riesgo se demoran en subir las calificaciones, pero no en bajarlas. ¿Sabe usted el número de miembros de la fuerza pública muertos desde hace unos meses? ¿Sabe usted por qué las fuerzas militares no quieren combatir como antes? ¿Hace cuánto tiempo no sabíamos de un ataque guerrillero masivo a un pueblo indefenso, de voladuras de torres de energía o de oleoductos? ¿Sabe desde cuándo se reactivaron los asaltos en las carreteras? ¿Sabe cuántos atracos y robos, los que se reportan, han ocurrido en los últimos meses en Medellín y cuántas bandas delincuenciales y narcotraficantes tiene la ciudad imparable? ¿Ha sabido a cuántas personas asaltan diariamente con escopolamina en esta ciudad? Si quiere "dormir tranquilo", mejor no averigüe, pero cuando salga por la mañana de su casa, "no se duerma".

¿Será que como a la élite del altiplano cundiboyacense ya no la secuestran en sus fincas de recreo, volvieron a pensar que lo que hay es una guerra lejana y para los de ruana?

Pero si esto es grave, porque "el miedo es el peor de los sentimientos colectivos" como dijo Émile Herzog, peor es la amnesia de la dirigencia. ¿Cómo hizo tan rápido el anterior Ministro de Defensa para olvidar lo que parece no aprendió del todo? ¿Por qué su antiguo jefe directo ahora les está recortando el presupuesto a quienes lo ayudaron a ser presidente? ¿En dónde embolató el acuerdo con EE.UU. para el uso de las bases militares que nadie lo encuentra? Una amnesia tan veloz y selectiva, casi como la de su ministro de "cambios radicales", es digna de una investigación médica, pero si a uno se le olvida quién era el blanco de sus ataques durante años e instantáneamente loconvierte en su "nuevo mejor amigo" en un solo segundo, lo que hay que investigar son los desconocidos efectos secundarios de ponerse una banda presidencial tricolor.

Afortunadamente la plaga de la amnesia no se transmite tan rápido y los nueve millones que votamos por él no olvidamos por qué lo hicimos, y esperamos que él no olvide quiénes y qué lo hicieron presidente.

sábado, 9 de abril de 2011

La Fiscalía no merece el respeto de los colombianos

Fernando Londoño Hoyos, 
Radio Súper

La justicia Colombiana se está ganando muy merecidamente su desprestigio. La justicia colombiana se ha convertido en una organización política de baja condición. Nos estamos refiriendo ahora a la Fiscalía General de la Nación que es parte de la administración de justicia, según lo dispone la propia Constitución Política de Colombia. Sus exageraciones, sus tergiversaciones, sus excesos, no pueden ser motivo de respeto para el pueblo colombiano. Ayer, en la audiencia para Agro Ingreso Seguro, pidió para los funcionarios del ministerio de Agricultura, gente proba, gente recta, gente buena, muchachos jóvenes de primera condición técnica que le sirvieron al país nada menos que en la recuperación de un millón de hectáreas para la producción de comida en este suelo, para que los colombianos tengan qué comer, esos muchachos fueron parte integral de ese equipo técnico que produjo ese milagro, esos muchachos fueron acusados de no sé cuantos delitos, con unas exageraciones que llegan, sencillamente, al ridículo.

Porque para la Fiscalía, todo lo que hizo Agro Ingreso Seguro (AIS) fue ilegal y delictivo. Vaya, vaya. De manera que los subsidios otorgados a cerca de 300 000 campesino en todo el país, solamente dentro del programa de irrigación, pues en ese programa se centra el escándalo, en los demás no han dicho palabra porque es invulnerable el programa de AIS y porque a todas luces representa una inmensa conquista social de los campesinos pobres de Colombia. Pues esos subsidios son, para la Fiscalía, una ilegalidad, un acto criminal. Vaya, vaya.

Todos sabemos, porque a eso se concretó el escándalo, que lo que está en tela de juicio son los subsidios otorgados a unas personas pudientes que tomaron el dinero y lo invirtieron bien, según se deduce de las noticias que tenemos. Invertirlo bien significa invertirlo en el campo para producir comida y para producir, en general, empleo. Habrá pues que examinar, pues, cual es el límite de la legalidad en ese tema, pero de los otros casi 300 000 subsidios para campesinos pobres no cabe duda alguna, cuyos predios fueron salvados de la aniquilación, de los inviernos y de los veranos por unos procesos de irrigación dirigidos desde el ministerio de Agricultura, y contando con la asistencia tecnológica de la OEA, que es la última palabra cuando se trata de acusar colombianos pero que es un organismo despreciable y un medio detestable de criminalidad cuando se trata de medir el AIS.

Todo este rigor extremo de la Fiscalía General de la Nación contrasta con los hondos silencios y con las graves complicidades de la misma Fiscalía cuando se trata de otros temas. Por ejemplo, cuando se trata de DMG la Fiscalía General de la Nación guarda silencio durante un año entero, año que DMG utilizó para esquilmar a centenares de miles de familias colombianas a quienes les robó billones de pesos con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación, la misma que hoy es tan severa con el caso de AIS.

Estamos todavía sacudidos por el escándalo que nos produjo un sujeto que tiene todavía el título de abogado y que, además, se muestra como profesor de una de las que fue una de las mejores facultades de Derecho de Colombia, el Externado. Estamos hablando del señor Ballesteros que aparece en videos tratando de extorsionar a un testigo protegido por los Estados Unidos para que diga lo que le parece en materia de ciertos delitos y de ciertas complicidades. La Fiscalía general de la Nación toma ese delito y encuentra que se ha violado en una sola ocasión la ley penal: un solo delito para Ballesteros. En cambio, para los jóvenes de AIS, que no recibieron un peso de nadie, que no fueron extorsionados por nadie y que no dañaron a nadie: para ellos hubo siete delitos, y para Ballesteros, uno.

Como en el caso de DMG también, cuando la Fiscalía no tuvo más remedio que obrar salvó a DMG y a sus cómplices del delito de estafa y del delito de concierto para delinquir, porque sabía que si incluía esos delitos iba a dañar la imagen de ciertos asesores externos de DMG, algunos de ellos muy caros a los afectos de la Fiscalía General de la Nación. Hace poco estábamos hablando de una pirámide en los Estados Unidos a través de la cual un fulano se robó la plata de las pensiones de jubilación de Pdvesa y decía la prensa que a ese señor le esperaban por lo menos 70 años de cárcel por los delitos cometidos. Por las pirámides en Colombia, que fueron mucho más cuantiosas y mucho más decisivas para el desequilibrio social de esta República, las penas fueron tan leves que ya, por trabajos y estudios en la cárcel y por libertad condicional, salieron de prisión los primeros ejecutores de esa política siniestra. Desde luego, sin acusación alguna por estafa, y sin acusación alguna por concierto para delinquir. En los Estados Unidos, una pirámide es equivalente a una estafa.

De manera que hagamos la comparación: caso DMG, caso de Ramón Ballesteros, la Fiscalía no es solamente benévola sino prácticamente cómplice. En cambio, ante el caso de AIS se trata, según ella, de la mayor defraudación cometida en la historia de Colombia contra los intereses del campo colombiano. Eso, si no tuviera un fondo trágico, lo llevaría a uno a soltar una carcajada de sorpresa y de desprecio por la ignorancia con que la Fiscalía está manejando los grandes temas del país. Complicidad por un lado, rigor extremo, exagerado y estúpido por el otro. Conclusión: la Fiscalía General de la Nación no merece el respeto de los colombianos.

miércoles, 6 de abril de 2011

La ascensión de Ascensio

Fernando Londoño Hoyos
Lapatria.com

Nos parece detestable tarea, pero será necesario hacerla. Porque Ascensio Reyes, sí, el hombre de las fiestas de las Cortes, ha resuelto salir de su madriguera, para presentar su espléndida hoja de vida ante la opinión pública y ante los jueces. La gente del común mirará con interés, y acaso hasta con asombro, cómo un personaje tan oscuro salta al esplendor de los favores judiciales. Y cómo alimenta esas relaciones. Y cómo se sirve de ellas. Y cómo se vuelve magnate y empresario, de los cambios y del turismo y del agro, quien sale de la nada. Sobre todo de la nada moral. Es por eso que campea como un príncipe, por la Fiscalía de Mario Iguarán. Son tan parecidos.

Para emprender esta jornada, la de salir de su madriguera, viene de la mano de una de las favoritas del régimen del 8.000. A quien es mejor no mencionar. A veces conviene aquel castigo famoso, impuesto al que incendió la biblioteca de Alejandría para pasar a la historia, de sepultar nombres mediocres en el olvido que se merecen. Pero vale la pena destacar esa compañía. Lo que salta de las cloacas revela lo que circula por ellas.

Ascensio tendrá que explicar cómo era aquello de su apartamento en Residencias Tequendama, y de sus asistentes, unos de pantalón largo y otras de faldas muy cortas. No era tanto como un "bunga bunga" de los de Berlusconi. Algo va de "Il Cavalieri" a Ascensio. Pero iban en la misma línea.

Ascensio le contará al país cómo y por qué era el organizador de los festejos de las Cortes. Esas fotos, que son muchas, donde todos son magistrados, menos Ascensio, dan mucho qué pensar. Y abren espacio para necesarias explicaciones. Por qué un particular asume el pago de esos festejos y cuál era la contrapartida de semejantes generosidades. Suele ocurrir, así es el corazón humano, que el agasajado queda agradecido con el que arma la fiesta. Y le queda debiendo el favor.

Ascensio fue de peldaño en peldaño, hasta la cima de la apoteosis. De ese modo habrá que llamar la exaltación pública que Ascensio recibe de cierto Presidente del Consejo Superior de la Judicatura en memorable discurso en Santa Marta. Presidente al que le gustaban los obsequios y las "coordinaciones" de sus fiestas.

Ascensio nos sacará de dudas sobre el archi famoso viaje de ciertos magistrados a Neiva, para festejar a uno de ellos. Todo el país sabe que pagó de una de sus empresas el alquiler de un avión jet de Satena para llevar y traer dos días después a comitiva tan lujosa. Y sabe que los invitados no pagaron los cuartos de su hotel, ni desembolsaron un peso por las opíparas fiestas con las que hicieron honor al celebrado. Mal nos parece, muy mal para decir mejor, que un juez permita que alguien lo agasaje de ese modo. Pero ahora sabremos qué despierta ese gran amor de Ascensio por las Cortes.

Por esa misma línea nos iremos para el festín de las Corralejas, de las que ya hay mucho sabido y todavía harto secreto pendiente. Por ejemplo, el de adivinar si Giorgio Sale, el inquietante compatriota de Berlusconi, llegó al corazón de la Corte por el mismo camino de Ascensio. Y seguiremos para Barranquilla, claro, en días de Carnaval, esta vez para saber si Ascensio y Giorgio iban juntos en la caravana que se emborrachó en La Enoteca, el lujoso bar restaurante donde el homenajeado de la Corte, de Ascensio y de Giorgio, y también de Mancuso, estampó con su letra y firma una de las páginas memorables del foro colombiano. ¿No es suculento el plato?

La gira terminará en ciertas cuestiones de la vida de Ascensio. Las que tienen que ver con sus amistades prohibidas. Ascensio es de malas. En sus propiedades y sus sociedades se enredan mafiosos reconocidos. Parece que quiere revivir ese tema y analizarlo a fondo. Y también recordaremos cierto proceso de donde lo sacó en limpio su amigo el ex Fiscal, sacrificando a la Fiscal que lo tenía para medida de aseguramiento y llamamiento a juicio. El perdón se tragó el proceso, pero no el expediente. ¿Quiere, Ascensio, que le demos una miradita?

martes, 5 de abril de 2011

Makled, de nuevo

Rafael Nieto Loaiza
Elcolombiano.com

La Corte Suprema de Justicia se zafó del problema con inteligencia: autorizó la extradición de Walid Makled, uno de los tres grandes mafiosos de Suramérica, pero dejó en manos del Presidente la determinación de su destino.

El Presidente hace varios meses ofreció entregarlo a Venezuela. Fue un gesto prematuro. Eran los tiempos del coqueteo y de florituras verbales como las del "nuevo mejor amigo".

Según Santos, Chávez "ha venido cumpliendo" y destacó la entrega a Colombia "de gente de las Farc y el Eln" y el "avance" en temas comerciales. Es verdad que el chafarote ha entregado media docena de subversivos. Pero no es menos cierto que es mero contentillo: los guerrilleros recibidos son de medio pelo, sin ninguna importancia en la estructura de esas organizaciones terroristas, y los comandantes siguen en Venezuela sin que el gobierno patriota levante un dedo contra ellos.

Allá todavía están los alias Iván Márquez, Timochenko, Grannobles, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Antonio Garcíay Pablito, entre otros. Y no hay ninguna señal de que vayan a ser entregados a Colombia o expulsados del territorio venezolano.

En cuanto al comercio, el gobierno venezolano ha hecho compromisos de pago por cerca del sesenta por ciento de lo que aún adeuda. Lo malo es que en realidad no ha pagado sino menos de la mitad de eso, lo demás está en veremos, y en cualquier caso no hay un solo exportador que envíe un producto al país vecino sin que se lo paguen por anticipado.

Una realidad que no cambiará porque se firme un acuerdo con Caracas y mucho menos si tiene el plazo de cinco años y las condiciones que propone Chávez.

Los exportadores colombianos han sufrido en carne propia que el Teniente Coronel se pase leyes y tratados por la faja y no tienen razón para creer que ahora sí cumplirá. Agréguese que la economía venezolana está en los rines, aún con el petróleo volando, y que los importadores venezolanos han desaparecido. Dígase lo que se diga, mientras Chávez siga montado, el comercio entre los dos países nunca volverá a ser ni remotamente lo que fue.

¿Y los gringos? El senador Lugar, el republicano de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, le recordaba esta semana al presidente Santos que Makled fue arrestado por solicitud de un tribunal de Manhattan y con información y colaboración de la DEA, resaltaba que sin su presencia en los tribunales EE.UU. no puede usar legalmente nada de la información que el capo tenga o haya entregado, y advertía que su extradición a Venezuela sería considerada como un serio retroceso en la cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Es evidente que si Santos sacrifica a Makled en manos venezolanas, abrirá un frente de batalla con los republicanos. Por su lado, el gobierno de Obama ha resaltado su interés en recibir al venezolano.

Así, ¿tiene sentido enfrentarse con quienes han sido nuestro grandes aliados tanto en materia de comercio exterior como en el Plan Colombia? ¿Acaso es más importante el inexistente mercado venezolano que el futuro del TLC con nuestro principal importador? ¿Vale la pena poner en riesgo la cooperación norteamericana en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo?

Quizás en Bogotá la queja de Obama se perciba sólo como un ladrido lastimero. Pero más vale tomarse en serio a los republicanos.

sábado, 26 de marzo de 2011

¿Retroceso en la seguridad?

Elcolombiano.com


La firmeza en el combate a todos los grupos armados ilegales y un profundo arraigo democrático, como bases de una política de seguridad, les devolvieron a los colombianos la confianza en su propio país, y esto, a su vez, motivó también la llegada de capitales e inversionistas extranjeros.

Pero como van las cosas, a escasos siete meses del cambio de Gobierno, esa Seguridad Democrática, que precisamente se planteó como una política de Estado, para garantizar que tuviera continuidad en el tiempo, independientemente del manejo que hiciera cada presidente, corre el riesgo de desmoronarse.

Mientras con el fin de "empapelarlo" con sindicaciones y demandas, distintos poderes cuestionan a Álvaro Uribe, quien fundamentó su gobierno en la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista y la Cohesión Social, la guerrilla arrecia sus ataques en el país con el fin de quitar la presión que las Fuerzas Armadas ejercen contra el máximo cabecilla de las Farc, "Alfonso Cano", que debe estar cada vez más aislado.

Los ataques perpetrados por las Farc en los últimos días, con una frecuencia inusual, aunque sin la contundencia de otras épocas, generan temor entre la población. Un temor que crece ante la percepción de que en materia de seguridad estamos retrocediendo.

Hostigamientos a bases militares o estaciones de Policía, instalación de cargas explosivas con la evidente intención de causar daño a la población civil y ataques a patrullas de la Fuerza Pública, como los ocurridos en los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Norte de Santander, es decir, su retorno a la guerra de guerrillas, presionan al Ejecutivo para que cambie de rumbo.

¿Hay conciencia en el alto Gobierno de que no puede permitir que se desmonte la Seguridad Democrática? ¿Hay desmoralización entre miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué corren de nuevo rumores sobre la presencia guerrillera en las carreteras del país y en zonas neurálgicas?

Es hora de actuar, sin apaciguamientos, y mostrar que, de verdad, sí existe la firme decisión de continuar una política que tantos beneficios le ha brindado al país y que no se puede desmontar, so pena de perder el terreno ganado en la lucha contra los violentos.

Hay que reconocer los logros de la Fuerza Pública en sus operaciones conjuntas contra la subversión, como la registrada ayer en Chocó, donde fueron abatidos en combate diez guerrilleros de las Farc. Operativos como éste, tienen que replicarse en todos aquellos lugares donde la presencia de las Farc había sido controlada y hoy vuelve a ser motivo de zozobra, como lo sienten quienes se atreven a viajar por carretera en algunas zonas del país o temen volver a visitar e invertir en sus propiedades rurales, por advertir de nuevo la presencia de grupos armados ilegales en sus inmediaciones.

Sería fatal un retroceso en la seguridad, e incluso en la percepción que tenemos de ella, cuando el país parecía haber llegado a un punto de quiebre en la lucha contra los violentos, o al menos, para tener la fortaleza institucional necesaria para abrir esa ventana que siempre hemos dicho que debe existir para llegar a una mesa de negociación que nos permita alcanzar la paz. 

jueves, 24 de marzo de 2011

¡Estarían felices!, ¿previcadores?

José Obdulio Gaviria
Eltiempo.com

Estremecedora novela de Umberto Eco El Cementerio de Praga. En 1903 fue publicado 'Los Protocolos de los sabios de Sion', sandeces antisemitas, difundidas, con presupuesto generoso, por Henry Ford y acogidas por Hitler para su prédica genocida. Eco describe con exactitud el caldo de cultivo de la bacteria antisemita (Europa, finales del siglo XIX).

Con licencias propias de la ficción, Eco sintetiza en unos pocos personajes (despreciables, viciosos, mendaces, codiciosos, fanáticos, asesinos) a todos los protagonistas reales de esa gran mentira histórica, una 'presunta conspiración judía contra la humanidad'. Con erudición desbordada, Eco documenta cada calumnia, cada falsificación, cada tramoya: cuenta quién falsificó las cartas 'prueba' para el 'Proceso Dreyfus'; quién enunció la consigna de la 'solución final' adoptada por los nazis para 'justificar' la muerte de todos los judíos, etcétera.

La novela ajusta cuentas históricas con todos los escritores, publicistas, políticos, magnates, militares, curas, miembros de la inteligencia prusiana, italiana, francesa y rusa, que llevaron a la humanidad al mayor genocidio de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Todo, quién lo creyera, fue un gran fraude ideológico y político; un engaño cínico urdido por intelectuales y políticos de la ultraderecha.

Conmociona, particularmente, la narración novelada del caso Dreyfus, un coronel francés, de religión judía, contra quien se instruyó proceso por traición a la patria, fundado en el documento falsificado por una banda antisemita. La 'justicia' francesa lo envió a podrirse en la Isla del Diablo. El mensaje era claro: ¡los oficiales judíos no eran bienvenidos en las filas del ejército francés!

¿Por qué impacta tanto esa escena? Porque en Colombia, hoy, tenemos una justicia movida por intereses políticos e ideológicos, capaz de llegar hasta los más insospechados niveles de crueldad con sus 'enemigos' (Mario Aranguren, María del Pilar Hurtado, varios parlamentarios uribistas, por ejemplo) y de impunidad con sus amigos (los parlamentarios cómplices de 'Reyes', el jefe de las Farc).

Nadie ha demostrado que sea falso el aserto de que la Corte Suprema actúa (¿actuó?) como directorio de oposición; o que un sector de los magistrados se asoció con malandrines de alto vuelo. Pero, como si viviéramos en la Francia del siglo XIX, los magistrados abrieron un expediente que debe conducir, inexorablemente, a la condena de varios ministros de un gobierno que los magistrados detestaron (según sus propias conversaciones, publicadas por El Espectador), sin necesidad siquiera de oírlos y vencerlos en juicio. Es el caso conocido como 'Yidispolítica', en el que un abogado cercano a ciertos magistrados, cuyas características y comportamientos (del abogado) parecen extraídos de las páginas de Umberto Eco, convenció (no se sabe con qué 'argumentos') a su 'clienta' (o, mejor, víctima) para que se autoincriminara y, así, por arte de birlibirloque, poder condenar a sus enemigos, los ministros.

La Corte, contrariando la Constitución, decretó larga interinidad en la Fiscalía y allí se abrieron procesos contra sus contradictores. Como haría cualquier desprestigiado Gadafi, a algunos nos declararon incursos en 'concierto para delinquir para desprestigiarlos' y han movido cielo y tierra para castigarnos. Andrés Peñate, en una visita al embajador norteamericano, le confesó que "tenía miedo de que la Corte Suprema va en busca de chivos expiatorios, y que los magistrados no estarían felices hasta que altos funcionarios de gobierno colombiano -idealmente José Obdulio Gaviria- estuvieran en prisión".

miércoles, 16 de marzo de 2011

La Corte: que pase al tablero


Fernando Londoño Hoyos
Lapatria.com


La extradición de colombianos, particularmente la que se hace a los Estados Unidos, tiene larga y penosa historia. Cuando empezó la lucha contra los grandes carteles de la droga, el de Pablo Escobar, el de los Rodríguez Orejuela y el de El Mexicano, para ser exactos, se movió todo aquel andamiaje siniestro en el que llegaron a comprometerse los más connotados juristas de Colombia.

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, a manos de la mafia, revivió el tema de la extradición. Estaba claro que a los delincuentes los tenía sin cuidado el aparato judicial y carcelario de Colombia. Sabían que con un par de cañonazos de un millón de dólares, menuda para ellos, todo se arreglaba. Le temían a la extradición. Solo a eso.

Como el Gobierno de Betancur persistiera, le organizó la mafia, con el apoyo de esa otra mafia que se llamó el M19, la fiesta del Palacio de Justicia. Se trataba de incendiar los archivos de la Corte, asesinar los magistrados de la Sala Constitucional, poner de rodillas el Gobierno y rematar con unas conversaciones de paz conducidas a su antojo.

Aquella barbaridad no resultó. Las Fuerzas Militares y de Policía recuperaron el Palacio y salvaron centenares de secuestrados por estos salvajes. Y Virgilio Barco tuvo el coraje de persistir en la extradición como instrumento fundamental de defensa de nuestro débil Estado contra el poder omnipotente de las hordas mafiosas. Los Ministros Low Murtra y Parejo González pagarían con sangre el valor de enfrentar con esa arma a los carteles de la cocaína.

Llegó la Constitución de 1991. Que cometió con la prohibición de la extradición el primero y el más negro de todos sus pecados. No será para el olvido que los militantes del M19, por esas curiosas veleidades de nuestra democracia, conformaban la fuerza primera de aquella política disociada, confusa y mediocre que parió la triste Carta que nos rige. Y los socios de la masacre del Palacio de Justicia le cumplieron a la memoria de sus caídos y a los dólares de sus compinches. La extradición quedó proscrita y tuvimos que vivir la amarga experiencia de ver a Pablo Escobar de amo y señor del Estado, diseñando la cárcel donde estaría supuestamente recluido. Allá, desde La Catedral, ese infame, custodiado por sus subalternos, entre lujos persas y facilidades plenas, siguió su negocio, vivió como rey, atendió a sus allegados, juzgó y asesinó a los que se salieron de la raya.

Los excesos de Escobar terminaron en lo que debían terminar. Para su búsqueda se utilizaron aviones de espionaje norteamericanos, que no eran inconstitucionales como ahora, y el caudillo de todos los males de Colombia cayó abatido en Medellín. Rodríguez Gacha siguió su suerte y los Rodríguez Orejuela querían disfrutar el camino de los Ochoa, para vivir a sus anchas su gigantesca fortuna. A propósito: ¿que pasó con el clan Ochoa?

El presidente Álvaro Uribe revivió la extradición. La que practicamos con celo y eficacia. Centenares de esos atroces asesinos del género humano pararon en cárceles de los Estados Unidos. Hasta que apareció la Corte Suprema de Justicia. Y con ponencia de su expresidente, Augusto Ibañez, decidió que la extradición no procedía cuando los delincuentes tuvieran denuncias por hacer en Colombia y cuando les quedara pendiente la indemnización a sus víctimas.

Golpe mortal a nuestras relaciones con los Estados Unidos. Golpe mortal a nuestra lucha contra el narcotráfico. Golpe mortal a la dignidad de Colombia, otra vez de rodillas ante la mafia.

Han pasado años desde que la ponencia de Ibañez fue aceptada por sus colegas. Han pasado años desde que el narcotráfico volvió a respirar tranquilo en las cárceles colombianas. Han pasado años desde el día en que la Corte prometió que con su tesis se recuperaban la justicia y los derechos de las víctimas. Pues es hora de que pase al tablero. Es hora de que nos diga de qué sirvió romper con los Estados Unidos, apoyar la mafia, revivir el narcotráfico y deshonrar a Colombia. Esperamos el balance.

sábado, 12 de marzo de 2011

Érase una vez la Seguridad Democrática

Pablo Jaramillo Vasco
Elcolombiano.com


Tal vez la mejor enseñanza de que el país sí puede ganar la lucha contra los violentos que nos dejó el exPresidente Álvaro Uribe Vélez, se caracteriza perfectamente en la Seguridad Democrática.

Esta fue, sin duda, una gran herencia del gobierno anterior, aunque todavía haya algunos osados desmemoriados que se atreven a desprestigiarla y subvalorarla.

La Seguridad Democrática, la que sí reconocemos el 74% de los colombianos, es la misma que hemos estado viendo desfallecer lentamente a lo largo del gobierno del actual Presidente, quien nos hizo creer durante su campaña que era el candidato más adecuado para mantener los logros que con mucho esfuerzo ya habíamos alcanzado.

Han pasado apenas algunos meses del gobierno Santos y ya se comienzan a percibir sucesos que generan cierto ambiente de retroceso a la época en la que se gobernaba según los lineamientos que impartían los enemigos de la patria desde el Caguán.

Hoy, retornaron los secuestros masivos, los cierres nocturnos de carreteras, las tomas guerrilleras a municipios, las voladuras de oleoductos, se escuchan más asesinatos por robo, más extorsiones a comerciantes y ganaderos, más atracos callejeros, más extranjeros afectados por la inseguridad ciudadana, más fleteo en carreteras, más y más cosas de las cuales creíamos habernos librado definitivamente gracias al anterior gobierno.

No entiendo de dónde obtiene Juan Manuel Santos las cifras que dicen que a lo largo del año 2011 en Colombia, el homicidio se ha disminuido en 9%, el secuestro extorsivo en 48% y las acciones subversivas en 35%, porque éstas contrastan plenamente con la realidad que estamos viviendo.

Este Gobierno, de corte reformista, se está ocupando más de temas que a pesar de ser importantes, no son prioritarios para nuestros intereses.

Santos, por medio de su ministro Germán Vargas Lleras, está ocupando gran parte de los esfuerzos del gobierno en acelerar la agenda legislativa del Congreso, para que este apruebe leyes y reformas que lo que hacen es crear más puestos en el gobierno, los cuales pasarán a ser seguramente ocupados por miembros adherentes a la "Unidad Nacional" y que estaban diezmados políticamente en el país, como es el caso el Partido Liberal. ¿Con qué intención?

El presidente Santos sigue en deuda con los colombianos que lo eligieron para mantener una línea dura con respecto de la seguridad y la defensa nacional, mas no como un mandatario que juegue a ser un "buen presidente" y que se desconcentre en temas que no merecen la misma atención.

Bien decía en alguna oportunidad una excanciller chilena que "no se pueden reinventar, en cada gobierno, los objetivos estratégicos de un país".

Así que, o el Presidente se pone la camiseta de la verdadera Seguridad Democrática y deja de ocuparse en crear más burocracia en el Estado, o corremos peligro de volver a ser un país inviable, como lo éramos a finales del siglo pasado. La pelea contra el terrorismo debe darse con vehemencia y sin laxitud alguna, porque en los últimos ocho años se libraron muchas batallas con resultados a favor, pero la guerra aún no se ha ganado completamente.

Esperemos que este mes sea efectivamente el "marzo negro para las Farc" y no para el Gobierno, porque la balanza ya empezó a favor de los primeros y la Seguridad Democrática está cada vez más condenada a ser contada como en los cuentos de hadas: érase una vez la Seguridad Democrática. 

jueves, 10 de marzo de 2011

Carta abierta a un comandante

Fernando Londoño Hoyos
Eltiempo.com


No creemos estar equivocados, señor general Navas, cuando decimos ver una negra tempestad en el horizonte de la guerra. Usted, que por tantos años ha trabajado con patriótico desvelo, con valor que admiramos y con éxitos que aplaudimos por la victoria militar, puede estar en mejores condiciones que nosotros para saber lo que pasa. Pero no nos convencen sus argumentos y debemos decirle por qué.

En primer lugar, porque son argumentos. En la guerra hay otras formas para calcular la adversidad y la fortuna. Trabada la batalla, su medida es implacable y no la sobornan los discursos, por brillantes que sean. Por eso, nos parece que en su reportaje faltaron los hechos, amos de estos debates, y sobraron las palabras, los encomios y las descalificaciones.

Entre el 7 de enero y el 7 de marzo contamos 16 hechos de armas, narrados por la prensa y tan indiscutibles como la sangre que costaron. En todos ellos sufrimos dolorosas pérdidas. Dieciséis militares muertos, 38 heridos, 18 policías asesinados y 9 heridos nos dan una pesada cifra de 81 hombres fuera de combate.

De muy distintos y distantes sitios de Colombia se alzan voces angustiadas. La situación del Cauca es horrorosa, dijo el veterano senador de ese departamento Aurelio Iragorri. Nos lo confirmó el presidente de Analac y lo dicen sin ambages los hombres y las mujeres del campo, y los de la Ciudad Blanca. Porque hacia ella, la mil veces gloriosa Popayán, se movieron los llamados 'traquetos' que campeaban en el Valle.

La muerte en Córdoba de cuatro estudiantes universitarios no fue una casualidad. No hay un cordobés que no llore tiempos mejores. Como le pasa a toda la gente de Arauca, Norte de Santander y La Guajira. La frontera con Venezuela se ha vuelto un infierno. Le convendría repasar reciente columna de la periodista Salud Hernández-Mora, para que lo verifique. O conversar unos minutos con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, para que le cuente de quejas y pesares de sus afiliados.

La frontera con el Ecuador y la Costa del Pacífico no gozan de mejor salud. Entre las Farc y el narcotráfico, o si quiere mejor, las ya famosas bacrim, hunden esos pueblos en la tragedia y la desesperanza. Casi teníamos olvidadas las voladuras de los oleoductos. Ahora nos las recuerdan en el norte y el sur del país.

Entre el día en que usted, señor General, le expuso al periodista de EL TIEMPO su tesis y el momento en que escribimos estas líneas, ocurrieron tres hechos capitales. El primero, que en las calles de Bogotá, al mediodía y en presencia de decenas de atónitos niños, sicarios de las Farc intentaron matar a un gran jurista, noble escritor e infatigable batallador por la causa de las Fuerzas Militares, el doctor Fernando Vargas. La pistola asesina se mueve por Bogotá, y tal vez no pare de moverse. Indicio de cosas harto peores. El segundo fue el asalto en la carretera entre Mutatá y Chigorodó, repetición de otro anterior, que ha aconsejado cerrar la vía en las noches. Varios muertos y cuatro buses incendiados son el saldo de una acción más que preocupante, tan cercana a la fervorosa ponderación que usted hiciera de la paz en las vías nacionales. Y el tercero fue el secuestro de los 22 trabajadores de una firma petrolera en el Vichada, que terminó menos gloriosamente de como nos la contaron. Pero no importa. Lo sustantivo es que las Farc notificaron que quieren ser parte en el negocio más sobresaliente que hay en Colombia, y esa no es una buena noticia.

No queremos ganarle una discusión, ilustre General. Ni siquiera entablarla. Solo le queremos decir que este es un problema que a todos concierne y que plantearlo bien es abrir el camino para resolverlo. Negarlo equivale a dejarlo intacto. Que no es de lo que se trata.

El dramático regreso de la inseguridad nacional

Nelson Roberto Pardo Giraldo


Esta no es solo una percepción ciudadana, es hoy, una realidad en todo nuestro país. De frontera a frontera, de costa a costa. Escuché hace unos días, el mensaje desesperado de un campesino del Departamento del Guaviare, afirmando que, están muy alarmados de vivir nuevamente los terrores de épocas pasadas, como hace 8 o 9 años, antes del inicio del Gobierno del Presidente Uribe, con la presencia de la guerrilla, de las bandas criminales, de delincuencia organizada, y delincuencia común. Regresaron el secuestro, la extorsión, el abigeato, el atraco, los homicidios, etc. sin que se vea una política agresiva de contra ataque, por parte de las autoridades a estos grupos terroristas y delincuenciales. Afirmaba que, esas épocas felices de paz y tranquilidad, de los últimos 8 años, habían desaparecido. Les duró poco, lo que tantos años anhelaron 

Días después, fueron los Gobernadores de los departamentos de frontera, que tienen límites con el vecino país de Venezuela. Las guerrillas de las FARC y el ELN, pasan a Colombia, cometen los secuestros y las extorsiones, y regresan a Venezuela. Lo que llaman las fronteras porosas. Las víctimas, fundamentalmente Ganaderos, Hacendados y pequeños Comerciantes. 

Pero no paró en tan pocos días, la información sobre el avance de la inseguridad. En una emisora de la capital, el Presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, informaba lastimosamente, sobre el proceso tan agresivo de secuestro de ganaderos, en todo el país. Dio nombres y apellidos de estos afiliados suyos, que han sido secuestrados en los últimos meses. Quiere decir, que con la liberación de los 5 secuestrados en los próximos días, no vamos a tener una menor cifra de colombianos para liberar. Todo lo contrario, lastimosamente el número de ellos, ha aumentado considerablemente. 

Para continuar en el mismo proceso, el sábado pasado en la Capital de la República, 10 delincuentes fuertemente armados, con armas de largo alcance atracaron a plena luz del día, el colegio del Rosario de Santo Domingo, ubicado a dos minutos de una de las estaciones de Policía, mas importantes. En el colegio se encontraban los padres de familia con sus hijas, comprando los útiles de estudio para este año, al igual que las monjas y personal del colegio. La Policía, no obstante las múltiples llamadas, hechas por los padres de familia desde sus celulares, llegó 30 minutos después, cuando ya para qué. La ciudadanía se queja permanentemente, de la inoperancia de esta entidad al no dar respuesta oportuna al llamado urgente, ante la comisión de un delito. El director de la Policía Nacional, y el comandante de la Policía Bogotá, informaron a la ciudadanía, tener en cuestión de horas, identificados y detenidos a los delincuentes. Han transcurrido ocho días del asalto, y hasta ahora nada. Ojala nunca se repita este acto demencial o uno similar al del Club El Nogal, de ingrata recordación para los capitalinos y para el país. 

Todos estos actos, no son esporádicos, es el avance progresivo del terrorismo y de la delincuencia organizada.

Y hay más, en esta última semana, en el departamento de Arauca, la guerrilla emboscó a una patrulla del ejército, dejando 27 soldados heridos, algunos de ellos de gravedad, y a quienes estos terroristas iban a rematar después de la explosión del carro bomba. Volvemos a tener épocas de ingrata recordación. 

Finalizando esta semana, la delincuencia urbana, destruyó una estación y un bus de Transmilenio. Con sevicia, con brutalidad, con maldad, lo hicieron. El bus venía haciendo ruta y con pasajeros en su interior, y estos desadaptados, con ladrillos y piedras, empezaron a destruirlo. La policía no apareció. Como lo mostraron los noticieros de televisión, los vándalos tuvieron todo el tiempo, para ensañarse en la destrucción de esto. Los camarógrafos los filmaron y la autoridad no apareció. Ya hubo detenidos, y un juez los dejó en libertad. El ministro del interior afirma que la justicia en Colombia si funciona. Para la muestra un botón. Estos casos se repiten cada día con secuestradores, homicidas, atracadores, etc. 

Ahora bien, en consideración a lo anterior, se preguntan los ciudadanos que está pasando, con el deterioro progresivo de la seguridad democrática. Pues bien, lo anterior, no es consecuencia de lo que a continuación voy a mencionar. El diario El Tiempo, en un informe detallado, informó sobre la reducción de recursos, por parte de los EE.UU. al plan Colombia, punto pactado desde un inicio en dicho convenio. Esto obviamente afecta a nuestras Fuerzas Militares, a tal punto que, y como ejemplo entre otras cosas, se suspende la construcción de 8 batallones en diferentes lugares del país, como lo anunció el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. También se reducirá el uso de combustibles, para aeronaves distintas a las de combate. Volvemos a la pobreza de antes, cuando hoy más que nunca, necesita el país un refuerzo en la ofensiva de las Fuerzas Militares, contra el terrorismo. Se puede cambiar el estilo, pero no las políticas de estado, como la exitosa, de la “Seguridad Democrática” del Presidente Uribe. 

Pero no todo es negro, no todo puede ser negativo, hay que buscarle la salida a esta situación. Pues bien, habiendo entregado ya la Corte Constitucional, el fallo declarando inexequible el acuerdo suscrito entre Colombia y los EE.UU., para el uso de las bases militares Colombianas, por parte de personal y aeronaves de ese país, para el control del tráfico de estupefacientes, con equipos de última generación, debería entonces el gobierno del Presidente Santos, presentar al Congreso de la Republica, un proyecto con carácter urgente, para su trámite y aprobación, por parte del mismo. Esto nos traería recursos, tecnología, mejoramiento de las bases, permanencia de estas aeronaves y equipos, cumpliendo tareas muy importantes para nuestra Seguridad Nacional, entre otras, labores de inteligencia y patrullaje, compensando así, los faltantes derivados del plan Colombia, en infraestructura, autonomía de operaciones, y todo bajo el comando de oficiales Colombianos, con el apoyo de tripulaciones gringas. Por eso el tratado, tuvo tantos enemigos y contradictores, con un bien planeado proceso de desinformación a la opinión pública. 

Ya vimos en el pasado que, ninguno de nuestros países vecinos, a excepción de Perú y Chile, nos dieron el apoyo necesario, cuando el Sr. Chávez puso el grito en el cielo y convocó a Unasur, por la firma del convenio de Colombia con los EE:UU, para la utilización de las ya mencionadas bases militares Colombianas, y así someter a Colombia, a un proceso de ataques sin sustento alguno, y de intervención indebida en nuestros asuntos internos, violando así nuestra soberanía nacional, mientras Venezuela y Brasil, estaban firmando convenios para suministro de aviones de guerra, misiles, tanques de guerra, buques de guerra, etc., el primero con Rusia y el segundo con un tercer país, sin que pasara nada, y no hubiera escándalo por parte de los países miembros de Unasur, por procesos anormales de armamentismo, en cabeza de estos países vecinos. 

En la guerra no se puede desfallecer, y estamos seguros que nuestros soldados y policías, serán los valientes actores de nuestra historia. Los altos mandos Militares y de Policía, tienen una responsabilidad muy grande, con todos los Colombianos de bien, y no podrán ser inferiores a este reto, para avanzar con mucha fortaleza en el proceso de Seguridad Democrática, que tanto bien y buenos resultados le ha dado al país, y que esto nos lleve algún día a la paz, tan anhelada por todos. 

El señor Presidente Santos tiene la palabra, el estilo puede ser diferente, pero eso no cambia, lo que tiene que ser una política de Estado. 

miércoles, 9 de marzo de 2011

El redentor crucificado

José Obdulio Gaviria
Eltiempo.com


Es indefectible que todo hecho histórico tenga, por lo menos, dos caras. ¿Cuál versión quiere usted sobre la persecución, juicio y sacrificio de Cristo? ¿La de Caifás, Sumo Sacerdote; la de Barrabás, criminal canjeado; la de los cuatro evangelistas?

¿Cuál visión adoptamos sobre la muerte de Julio César? ¿La de Suetonio, quien cantó su grandeza, heroísmo y nobleza; o la de Shakespeare, quien tomó el punto de vista de los 'tiranicidas'?

¿Cuál punto de vista adoptamos sobre la vida y obra de Bolívar? ¿La de Ducoudra Holstein, quien pretendió (¡pobre diablo!) hacernos creer que El Libertador fue un analfabeta, sátiro y cobarde; la de Marx, quien adhirió a esa descripción y la complementó con insultos propios; la de Salvador de Madariaga o Rafael Sañudo, quienes, para adular a España, denuestan con saña de Bolívar; o, nos quedamos con los simples hechos, con la realidad, que demuestra -¡qué duda cabe!- que Bolívar fue el 'genio de América'?

Hoy, la mayoría de nuestros medios de comunicación adhirieron, inconscientemente supongo, al punto de vista de los criminales, en referencia al fenómeno paramilitar -y, sobre todo, a la apreciación y evaluación de su desmovilización-, no a la que debiera ser primera fuente en la búsqueda de la verdad: los funcionarios -máxime en el caso de una probidad encarnada como lo es Luis Carlos Restrepo-, o las víctimas, o, aun, la base arrepentida de la estructura delincuencial que se desmovilizó. ¡No! Le están creyendo a la hez, a las peores expresiones de la descomposición y la maldad. Ver los titulares de primera página con frases tremebundas y falaces de alias el 'Alemán' y alias 'H.H'; son el pan de cada día. ¡Qué vergonzosa toma de posición!

Los protagonistas de tanto amarillismo e irresponsabilidad saben muy bien que sus 'fuentes' mienten; que están cobrando venganza contra los que destruyeron su base de poder y les hicieron pagar sus crímenes. Los paramilitares se creyeron omnipotentes; arrodillaron a toda la sociedad; la insultaron con la exhibición impúdica de su riqueza. Hoy están en la cárcel. Claro que se están vengando del gobierno, del presidente Uribe, de las fuerzas armadas, del Alto Comisionado de Paz, de las autoridades carcelarias.

A los héroes que lograron que acabara la pesadilla paramilitar los tienen hoy en primeras páginas y están citados a interrogatorio, porque los criminales los señalan como criminales. ¡Sí! Es la injusticia recurrente de la misma clase de gente veleidosa y 'principal' que condenó a Cristo; que renegó de Julio César; que maltrató, humilló y expatrió a Bolívar. ¿Por qué iba a esperar algo mejor Luis Carlos Restrepo? ¿Por qué no iba a cumplirse en él aquel designio de que todo redentor morirá crucificado?

El gobierno de la Seguridad Democrática y las fuerzas armadas han padecido el permanente malestar y ataque contra todas sus realizaciones, en particular contra el proceso de desmovilización del paramilitarismo. Para esos enemigos todo fue malo: los persiguieron militarmente: ¡malo!; los confrontaron políticamente: ¡peor!; lograron desmovilizarlos y concentrarlos en Ralito: ¡cómplices, negociaron su no extradición!, o peor, ¡fue una farsa!; los metieron a una cárcel blanda en La Ceja: ¡alcahuetas, hicieron pactos secretos con ellos!; los mandaron a la cárcel de máxima seguridad: ¡falsarios, cumplan los pactos de concederles cárcel blanda!; los extraditaron: ¡quieren acallarlos o impedir que reparen a las víctimas!

En medio de la algarabía contra el anterior gobierno, solo se ha escuchado una voz cuerda y solidaria, la del vicepresidente Garzón. Ha pedido "a las instituciones no caer en las estrategias de los ilegales". Bien por él, pero soy pesimista sobre la audiencia que tendrá. En fin, pareciera que Uribe, como Bolívar, predicó en el desierto y aró en el mar.

lunes, 7 de marzo de 2011

El wikichisme

Salud Hernández-Mora
Eltiempo.com

Pues sí, me tacharán de igualada, pero también conocí el rumor que compartió con sus jefes el embajador Woods sobre la elección de Iguarán, solo que más completo. Y sería bueno que los magistrados que participaron nos explicaran cómo fueron aquellas rondas de votaciones y por qué cambiaron el sentido de sus sufragios en un fin de semana, para que despejemos cualquier sospecha, no basta con declararse impolutos.

Porque el viernes 14 de julio del 2005 ganaba sobrado Jorge Pretelt, ex magistrado del Consejo Electoral, tras intenso lobby, y el martes siguiente venció Iguarán por goleada. Y como en diciembre pasado ya conocimos de extrañas maniobras para escoger presidente de la Corte Suprema, cuanta mayor transparencia haya, más confianza tendremos en la Justicia. Y que entrevisten a 'Macaco' y a Mancuso, que, aunque mezclan verdades con mentiras, servirá para armar el puzzle. Este es el wikichisme que contaron:

'Macaco' quería influir en esa votación y para eso puso siete mil millones de pesos, o eso aseguraba él (que lo decía y que quería no es rumor). Estaba convencido de la tesis del entonces ministro Sabas Pretelt, de que con Iguarán la ley que les ampararía en la desmovilización se aplicaría conforme a lo pactado. Unos pensaban que con Jorge Pretelt, pese a ser uribista, podría haber dificultades porque se decía que era cercano a Mancuso y querría dar muestras de lo contrario.

'Macaco', capo que compró a Castaño el 'Bloque Bolívar' y que hasta su desmovilización no tenía una sola orden de captura, pretendía que otros comandantes pusieran dinero. Y escogieron a dos personas para que hicieran las vueltas. Un abogado, que se ocupó de mover la plata, y otro personaje que viajó a Montería a hablar con Mancuso.

En aquellos tiempos, julio del 2005, quien había sido comandante militar de las Auc y primero en dejar las armas (diciembre del 2004), vivía en su casa de Montería, escoltado por el DAS. Para poner en contexto el wikichisme, hay que recordar que entonces ni imaginaban que pasarían por la cárcel ni que terminarían en USA. Y que comandantes como 'Jorge 40' eran reacios a dejar el monte, ya que pensaban que nada estaba cerrado con el Gobierno y les harían conejo. De hecho, no se desmovilizó hasta marzo del 2006, y lo hizo de mala gana.

Con la persona que mandaron a convencerlo, Mancuso se comprometió a una gestión sin que mediara plata: enviaría a un testaferro, Benito Osorio -más tarde elegido gobernador encargado en Córdoba-, a que hablara con un magistrado que ocupaba un cargo muy destacado en la Corte, amigo suyo, para que apoyara a Iguarán.

Con el dinero de 'Macaco' -entre dos y cinco mil, nada de siete mil, como él clamaba-, sigue el rumor, hicieron unos montoncitos y con un agente de un cuerpo de la policía, entregaron a domicilio a tres magistrados su parte (omito nombres) en el fin de semana donde trocaron las voluntades. Uno de ellos, quisquilloso, contó los billetes uno a uno. Los demás parece ser que dieron el bulto por bueno. En el cuento no cuantificaban los montos.

Cierto que los 'paras' terminaron en USA, y que hay políticos en las cárceles, razones que esgrimen todos para descalificar los wikichismes, pero es solo una verdad a medias porque, por ejemplo, no tuvieron que ver con aquella súbita extradición.

Pero aun tratándose de rumores, tan precisos que unos se antojan verdades, sería una buena ocasión para promover la transparencia en las elecciones de la Justicia, pero partiendo de ellos mismos, los únicos que pueden reformarse. Y que revelen cuestiones como por qué ignoraron la 'parapolítica' varios años. Porque creer que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, encargada de investigarlos, hará algo, es un chiste. La Corte Suprema tiene la palabra.

domingo, 6 de marzo de 2011

Muamar, Hugo y Dani

Moisés Naím
Elpais.com




¿Quién hubiese imaginado que Muamar el Gadafi pasaría a la historia como el gran creador de consenso internacional? No es fácil poner de acuerdo a las 192 naciones del planeta. Gadafi lo ha logrado. El mundo entero ha denunciado al dictador libio por masacrar a civiles inocentes. El mundo entero, excepto dos jefes de Estado: Hugo Chávez y Daniel Ortega; el eje de los despistados.

Hasta la Liga Árabe le ha retirado el apoyo a Gadafi. Pero Hugo y Dani, no. Seguramente los convenció Fidel Castro, quien mantiene que la violencia en Libia es culpa de la OTAN, y no de Gadafi. En esto, el dictador libio discrepa de su colega, el exdictador cubano. Según Gadafi, detrás de los disturbios en su país está Al Qaeda. Esta diferencia plantea un problema para Hugo y Dani. Quizás, y para evitar tener que tomar partido por Fidel o por Muamar, concluirán que la desestabilización de Libia es una operación conjunta de la OTAN y Al Qaeda.

Pero quien definitivamente no está de acuerdo con el eje de los despistados es otro de sus aliados: Mahmud Ahmadineyad. "Es difícil imaginar que exista una persona que pueda matar y bombardear a su propia gente. Esto es muy feo... Los exhorto a escuchar a su pueblo y reflexionar sobre sus demandas. La gente debe ser libre y tener poder de decisión sobre su futuro. Todo el mundo está en shock con lo que está pasando en Libia... deben hacer caso al pueblo", declaró el indignado líder iraní. Este es otro candidato al eje de los despistados. Pero por una razón distinta: el pobre Ahmadineyad no parece haberse enterado de que, al mismo tiempo que hacía estas declaraciones, su Gobierno estaba reprimiendo salvajemente a sus opositores -de nuevo-. Cuando descubra que no hay mucha diferencia entre él y Gadafi seguramente tendrá un shock tan profundo como el que le produjo ver la manera en la que el libio trata a su pueblo.

Las tensiones entre Gadafi y Ahmadineyad no son nuevas, y una reveladora manifestación de ellas es que el líder iraní nunca recibió el Premio Gadafi de los Derechos Humanos. Este premio, creado en 1988, se otorga anualmente a quienes "hayan colaborado de forma sublime en la prestación de servicios humanos destacados o en la realización de labores gloriosas en defensa de los derechos humanos" (sic). A Hugo le tocó en 2004 y a Dani en 2009. Unos años después, Chávez correspondió al reconocimiento del libio obsequiándole una réplica de la espada de El Libertador, explicando además que "Muamar el Gadafi es para los libios lo que Simón Bolívar es para los venezolanos". Casi nada.

El presidente venezolano no es el único que ha distinguido al líder libio en el campo de los derechos humanos. El 4 de enero de este año, el Consejo de Derechos Humanos, órgano de Naciones Unidas, publicó su informe sobre Libia. El texto no contiene ni un asomo de crítica al Gobierno de Gadafi y más bien resalta que "varias delegaciones expresaron su reconocimiento al compromiso del país con la defensa de los derechos humanos...". La delegación de Brasil, por ejemplo, enfatizó "el progreso social y económico de Libia y reconoció sus esfuerzos con respecto a personas con discapacidades". Myanmar compartió estos conceptos. Por su parte, "Bielorrusia notó con satisfacción que Libia suscribía todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y cooperaba con los organismos de dichos tratados".

La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que creó el Consejo de Derechos Humanos establece que, al votar por los países que aspiren a formar parte del mismo, "se debe tomar en cuenta su contribución a la promoción y protección de los derechos humanos". Libia fue elegida con el apoyo de 155 países.

Pero ni siquiera este baluarte de la hipocresía internacional pudo mantener a Libia en su seno. Así, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de largas deliberaciones, concluyó que la contribución de la Libia de Gadafi a los derechos humanos había caído por debajo de los estándares aceptables y la expulsó.

Pero Hugo y Dani no abandonan a sus amigos. "No voy a condenar a Gadafi... a mí no me consta que sea un asesino", dijo el presidente de Venezuela.

Y al oír esto me vino a la mente la vieja frase de George Orwell: "El lenguaje político... está diseñado para que las mentiras suenen a verdades y que el asesinato sea respetable".

No; los despistados no son ellos. Son quienes les creen.

sábado, 5 de marzo de 2011

OTRA VEZ ATENTAN CONTRA MI VIDA

Fernando Vargas


Al medio día de hoy, en momentos en que recogía a mis hijos del colegio, atentaron a balazos contra mi vida e integridad. La furia de los sicarios, el odio en sus ojos y el empleo infame de sus armas de fuego, no lograron superar la resistencia del vidrio blindado del vehículo, que protegió mi vida y que no me fue dado por el Gobierno. Solo una organización canalla y sanguinaria, sin escrúpulos, abre fuego en medio de cientos de niños y niñas que a esa hora salían del centro educativo. Gracias a Dios no ocasionaron una desgracia contra la vida e integridad de esos escolares.

Este atentado se produce en momentos en que reclamamos al Gobierno nacional y al Ministerio del interior,que no desconozcan los derechos a las víctimas de las acciones criminales de los brazos armados del partido comunista, en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Les molesta sobremanera que sus crímenes queden registrados en la memoria histórica de Colombia; les molesta que sus crímenes pasen por el ejercicio de los derechos a la verdad y a la reparación; Les disgusta que no toleremos sus pactos secretos entre dirigencias liberales y conservadoras, que han traicionado sus bases sacrificadas, para encubrir estos crímenes.

Atentan contra mi vida, en momentos en que reclamamos nuestro cupo, que por ley tenemos como organización de victimas, en la Comisión Nacional de Reparación. Eso tampoco les gusta. No les gusta que reclamemos que la memoria histórica se levante recta, sin sesgos y sin ocultar autorías intelectuales de organizaciones comunistas.

Soy abogado defensor de militares en escenarios judiciales y políticos. Y eso también molesta mucho a esta izquierda seudointelectual violadora de los derechos humanos. Soy abogado asesor y acompañante de las comunidades afrodescendientes que en el Atrato denuncian a las Farc y a las ong´s justicia y paz y otras internacionales, de trabajar en concierto para someterlos y dominar sus territorios. Actúo como representante de victimas y parte civil en el emblemático proceso de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, referenciado como el “2022” que ya ha condenado decenas de milicianos autores de asesinatos contra las comunidades negras en el Atrato y que contiene las denuncias y pruebas contra las ong´s señaladas de actuar en contubernio con las Farc. Y claro, eso tampoco les gusta.

El Gobierno nacional debe garantizar mi vida, mi integridad, y ser garante de los derechos de las víctimas de la guerrilla. Los autores del atentado me son indiferentes, pues son simples brazos armados de una izquierda totalitaria, altamente criminalizada, que pretende con mi asesinato, cubrir de impunidad sus crímenes y levantar a su medida la memoria histórica del conflicto que ellos iniciaron.

Si acaban con mi vida o la vida de mis hijos, la autoría material y mediata está plenamente establecida en este documento. Por su parte, El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente Angelino Garzón, antiguo miembro del Partido Comunista y fundador de la UP, serán responsables ante la historia, por acción u omisión.



FERNANDO VARGAS



Presidente Comite Vida Colombia, Bogota