¡Y las Farc de fiesta!

Rafael Nieto Loaiza

Elcolombiano.com

Ingenuos: mientras algunos abogábamos porque se aprovecharan los computadores de Reyes para obtener cambios radicales en la conducta de Ecuador y Venezuela, en provecho de los intereses nacionales, la Suprema maduraba un auto inhibitorio que sostiene que las pruebas obtenidas en esa operación son ilegales y no producen ningún efecto jurídico.

Aclaremos que está probado que la información de los computadores es cierta, más allá del esfuerzo de Correa y Chávez por sostener que son un invento o que lo que dicen es falso. Los computadores son reales y su contenido no fue manipulado o alterado, como ratificó Interpol. Con base en esa información en España se capturó a Remedios García, enlace de las Farc, y se dictaron medidas contra miembros de Eta, en Paraguay se desmanteló un grupo guerrillero responsable del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero de las Farc, y en Chile se abrió un proceso judicial contra uno de sus miembros.

Pero lo que afuera fue útil para perseguir a los violentos y sus bienes, para nuestra Corte no vale nada. Y no porque sea falso, que no lo es, sino por una leguleyada: que la prueba es ilegal por no haber sido obtenida en virtud de los tratados de asistencia judicial con Ecuador. A la Sala Penal le importa un bledo que los mismos computadores prueben que las autoridades ecuatorianas a las que según la Corte había que solicitarles cooperación para capturar a Reyes y sus computadores fueran precisamente quienes estaban colaborando con las Farc, empezando por el ministro y el viceministro de Interior y Seguridad ecuatorianos. Una ironía.

La Corte además sugiere que la operación contra Reyes violó la soberanía ecuatorial y es violatoria de distintos tratados internacionales. Es decir, nuestros flamantes penalistas asumen el papel de expertos en derecho internacional y, de paso, abren espacio para demandas de Ecuador contra Colombia por el bombardeo. Anulan el valor de la información que involucra a funcionarios ecuatorianos en flagrantes violaciones al derecho internacional, al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y a los de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y agudizan el riesgo judicial de los militares y policías que actuaron en la operación. Y de Uribe y Santos, que la ordenaron.

Si del lado de la lucha contra los violentos todo es pérdida, del otro la fiesta no se hizo esperar. Correa calificó la información como una "patraña" que "no tenía ninguna validez moral ni ética" y dijo que los "archivos fueron manipulados y alterados". El canciller Maduro sostuvo que todo era una "fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores". Borja amenazó con demandas contra la Fiscalía, el Estado y los medios de comunicación. Teodora anunció que ella iba a impugnar su destitución. Y no hay que ser adivino para saber que en los campamentos de las Farc están de parranda.

Que la Corte no nos mienta: aquí no ganaron la sociedad colombiana, la justicia o el debido proceso. Los únicos ganadores son los terroristas y sus amigos en Colombia y en el extranjero. Para decirlo con todas las letras, el resultado de la decisión es que la Sala Penal protegió a todos los miembros de las Farc y a sus colaboradores, sus bienes y estructuras políticas, que están referidos en los computadores del antiguo jefe político de esa organización. Toda la información que hay sobre ellos en esos soportes informáticos, megas y megas de datos, no puede usarse en su contra.

La confusión

Alberto Velásquez M.

Elcolombiano.com

Independientemente de que se sea gobiernista o no, la percepción que se ha venido generalizando en el país es la de que se está malogrando la política de seguridad que sembró Uribe en su mandato. "340 municipios sitiados por grupos armados ilegales", según informa EL COLOMBIANO, confirman tal apreciación.

Pareciera que el conflicto armado comenzara nuevamente a agudizarse. Que la Seguridad Democrática se estuviera marchitando prematuramente, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros frutos. Política que requiere abonarse y perfeccionarse en vez de dejarla asfixiar por la maleza de la desidia oficial y la delincuencia. La criminalidad ya no solo comienza a rebrotar en las zonas rurales del país, sino con mayor énfasis en las grandes y medianas urbes colombianas.

Las acciones subversivas han ido en aumento. Con el agravante de que en las Fuerzas Militares se adivina cierto grado de desmoralización, dado los hostigamientos a que han venido siendo sometidos altos y medianos mandos. Hay funcionarios del Estado que en vez de convertirse en aliados del Ejército para la lucha jurídica y frontal contra la delincuencia, vienen ejerciendo el papel de hombres estorbos, cuando no de inquisidores para menoscabar la moral castrense. El mismo general Matamoros, al ser decapitado por un marino, confirmó "la notoria caída de la eficiencia de las tropas y la confusión que reina en el alma de nuestros combatientes". No es propiamente un chisgarabís el que patentiza esta decepcionante realidad, sino el más antiguo oficial, ya cesado, del Ejército Nacional.

A simple vista este desapego -sin decir abandono total- por el tema de la seguridad parece que obedeciera a cierto complejo del Gobierno Nacional por seguir predicando y practicando la Seguridad ciudadana como tema prioritario de su agenda de trabajo. Sabemos que es una acción que incomoda a los nuevos socios externos del presidente Santos y a ciertos grupos de izquierda y anarquistas, tan poco interesados en que los hechos de inseguridad se disipen del ensombrecido panorama de la política nacional.

El caso de las llamadas bacrim es de un protagonismo dramático. La Dipol calcula que estos grupos tienen presencia en 17 departamentos, es decir, la mitad de las regiones de Colombia. Cerca de 10 mil hombres formarían tal imperio diabólico, si damos crédito a las mismas organizaciones que no son muy afectas al gobierno anterior, y que han levantado sus voces de hosannas para recibir, en medio de arcos triunfales, el advenimiento del actual gobierno.

Posiblemente el avasallador invierno, que movió al jefe del Estado a invocar la formación de un frente común para paliar sus efectos destructores, ha servido de distractor para desviar la atención del alto gobierno de su misión constitucional de garantizar la vida de los colombianos. Ciudadanos que comienzan nuevamente a sentir los rigores de la inseguridad en campos y ciudades.

Las extremas izquierdas -que como las brujas, que las hay las hay- y los chamberlain criollos les están ganando la batalla a quienes defienden los fueros de los militares. Estos quedaron a merced de una sesgada justicia ordinaria. Los excesos de un leguleyismo amparado por la politización de la justicia los está degradando y despojando de sus charreteras. Y si de encima se cuenta con un ministro de Defensa bien intencionado, pero sin voz de mando que aglutine y cauterice las heridas que se abren en la moral interna del Ejército por movimientos súbitos en sus jerarquías castrenses, ahí sí que el panorama se pinta de un gris oscuro.

¿Dejará este Gobierno languidecer, para que muera por sustracción de materia, la Seguridad Democrática? ¿La que abrió tantas esperanzas -para que se adoptara como política de Estado- en un país que tiene más de medio siglo de soportar estoicamente la violencia?