¡Y las Farc de fiesta!

Rafael Nieto Loaiza

Elcolombiano.com

Ingenuos: mientras algunos abogábamos porque se aprovecharan los computadores de Reyes para obtener cambios radicales en la conducta de Ecuador y Venezuela, en provecho de los intereses nacionales, la Suprema maduraba un auto inhibitorio que sostiene que las pruebas obtenidas en esa operación son ilegales y no producen ningún efecto jurídico.

Aclaremos que está probado que la información de los computadores es cierta, más allá del esfuerzo de Correa y Chávez por sostener que son un invento o que lo que dicen es falso. Los computadores son reales y su contenido no fue manipulado o alterado, como ratificó Interpol. Con base en esa información en España se capturó a Remedios García, enlace de las Farc, y se dictaron medidas contra miembros de Eta, en Paraguay se desmanteló un grupo guerrillero responsable del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero de las Farc, y en Chile se abrió un proceso judicial contra uno de sus miembros.

Pero lo que afuera fue útil para perseguir a los violentos y sus bienes, para nuestra Corte no vale nada. Y no porque sea falso, que no lo es, sino por una leguleyada: que la prueba es ilegal por no haber sido obtenida en virtud de los tratados de asistencia judicial con Ecuador. A la Sala Penal le importa un bledo que los mismos computadores prueben que las autoridades ecuatorianas a las que según la Corte había que solicitarles cooperación para capturar a Reyes y sus computadores fueran precisamente quienes estaban colaborando con las Farc, empezando por el ministro y el viceministro de Interior y Seguridad ecuatorianos. Una ironía.

La Corte además sugiere que la operación contra Reyes violó la soberanía ecuatorial y es violatoria de distintos tratados internacionales. Es decir, nuestros flamantes penalistas asumen el papel de expertos en derecho internacional y, de paso, abren espacio para demandas de Ecuador contra Colombia por el bombardeo. Anulan el valor de la información que involucra a funcionarios ecuatorianos en flagrantes violaciones al derecho internacional, al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y a los de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y agudizan el riesgo judicial de los militares y policías que actuaron en la operación. Y de Uribe y Santos, que la ordenaron.

Si del lado de la lucha contra los violentos todo es pérdida, del otro la fiesta no se hizo esperar. Correa calificó la información como una "patraña" que "no tenía ninguna validez moral ni ética" y dijo que los "archivos fueron manipulados y alterados". El canciller Maduro sostuvo que todo era una "fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores". Borja amenazó con demandas contra la Fiscalía, el Estado y los medios de comunicación. Teodora anunció que ella iba a impugnar su destitución. Y no hay que ser adivino para saber que en los campamentos de las Farc están de parranda.

Que la Corte no nos mienta: aquí no ganaron la sociedad colombiana, la justicia o el debido proceso. Los únicos ganadores son los terroristas y sus amigos en Colombia y en el extranjero. Para decirlo con todas las letras, el resultado de la decisión es que la Sala Penal protegió a todos los miembros de las Farc y a sus colaboradores, sus bienes y estructuras políticas, que están referidos en los computadores del antiguo jefe político de esa organización. Toda la información que hay sobre ellos en esos soportes informáticos, megas y megas de datos, no puede usarse en su contra.

La reforma que nunca llega

Rafael Nieto Loaiza

Elpais.com.co

Dicen que los columnistas somos obsesivos y que reiteramos nuestras columnas, bajo distintas formas, una y otra vez. Quizás sea así. Al menos yo, lo reconozco, vivo con la idea permanente de que nuestro sistema de administración de justicia se debate entre el desastre y la vergüenza y que su reforma es la tarea pendiente que ni el anterior gobierno ni éste han logrado acometer.

No es que no se haya intentado. Me consta que en la administración Uribe, Fernando Londoño lo procuró dos veces, en una de cuyas ocasiones apenas tres temas resultaron ser ajenos al consenso entre las altas Cortes. En lo demás, para mi sorpresa, hubo acuerdo. Y no era esa una reformita de pipiripao, como la de Pretelt de la Vega, un regular economista que posaba de abogado, sino una de calado que tocaba los asuntos estructurales. Al final, el esfuerzo fracasó. Sé también que lo intentaron los ministros de Justicia siguientes, también ellos sin éxito.

Santos también lo quiso y jugó, como antes Uribe, a alcanzar un acuerdo con las Cortes. Algunos advertimos que ese era el mejor camino para ponerle lápida a la reforma. Así ha sido. Ya el Gobierno tuvo que anunciar que no presentaría proyecto de reforma en esta legislatura. Y sé de inmejorables fuentes que las discusiones al interior de la comisión para la reforma a la Justicia, de la que hacen parte los presidentes de las Cortes y del Legislativo, dan grima y van camino a ningún lado.

Pero muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable, sin prueba ninguna de su responsabilidad en los hechos y con única base en un supuesto testimonio de alguien cuyo nombre no coincide siquiera con el documento de identidad que dijo tener.

Muy mal anda una administración de justicia que acusa a cuatro jóvenes tecnócratas, ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, por celebrar un contrato directo con un organismo de la OEA con el que desde la década de los 60 todos los ministros del ramo han celebrado idénticos convenios. Y que los priva de la libertad mientras que los juzga, mientras que esa misma Fiscalía pide que los Nule se vayan a su casita, la ‘Gata’ anda suelta y con escoltas por todo el Caribe, y la Suprema le da casa por cárcel a la confesa Yidis Medina.

Muy mal anda una administración de justicia que a fines de 2009 tenía en sus inventarios 1.174.191 noticias criminales de supuestos delitos por esclarecer, y que ese mismo año ingresaba 986.064 casos más, un número que supera el total de los evacuados durante toda la vigencia del sistema penal acusatorio.

Muy mal anda una administración de justicia que esta misma semana, en una leguleyada, ordenaba la libertad de ‘Chucho’, un confeso asesino de las Farc. Y que en los cinco años de funcionamiento del sistema acusatorio produce apenas 5.587 condenas por homicidio cuando en ese mismo período se produjeron, según cifras oficiales, 84.745 asesinatos. Es decir, sólo en el 6,59% de los homicidios encontró culpable. Mal, muy mal anda una Justicia en que un homicida tiene el 94% de posibilidades de que su crimen nunca sea castigado.

¿Justicia o vergüenza?

Rafael Nieto Loaiza
Elpais.com.co

La corrupción es una plaga que corroe a la sociedad por dentro, mina la ciudadanía, debilita las instituciones y no nos permite atacar de manera eficaz y eficiente la miseria y la pobreza y el pavoroso déficit de infraestructura que nos agobian.

De manera que no se puede sino aplaudir los esfuerzos del aparato judicial por llevar a la cárcel a los responsables de tales desafueros. Pero la Justicia debe ser eso, el ejercicio de darle a los responsables de violar la Ley el castigo que se merecen, y no una herramienta populista o de persecución política. Cuando se desvía, cuando pierde su rectitud e imparcialidad, cuando actúa como instrumento político o de venganzas personales o como complaciente caja de resonancia de la presión que los medios de comunicación ejercen, el aparato penal deja de ser la fuerza legítima del Estado contra quienes delinquen y se convierte en violencia revestida de legalidad que se cierne tenebrosa sobre los inocentes.

Mucho me temo que ese es el caso de los cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura a quienes acaban de privar de su libertad. Advierto que no tengo interés personal en el asunto: nunca he tenido trato con ellos o con el Ministerio o las entidades que de él dependen. Soy una especie urbana y ni mis padres ni mis hermanos ni yo hemos tenido finca o actividad agropecuaria alguna.

Estos jóvenes parecen ser los chivos expiatorios de un escándalo, el de Agro Ingreso Seguro, donde la desinformación ha cundido y el trabajo de la Fiscalía es vergonzoso. Para que el lector no se equivoque, aquí no se está juzgando a los particulares que fraccionaron sus propiedades, para efectos de obtener más subsidios en el programa de riego. Ese es un proceso distinto donde, si se prueba que se actuó dolosamente, la Justicia debería ser implacable.

Tampoco se acusa a los ex funcionarios de haberse robado un peso o de haberse coaligado con particulares que lo hicieran. Está fuera de duda que eso no ocurrió. Se les imputa por “celebración indebida de contratos”, después de que el fiscal del caso no fuera capaz de sustentar los cargos de peculado. En otras palabras, se les acusa por la celebración de un contrato directo con un prestigioso órgano de la OEA, el Iica, y de no haber previsto suficientes blindajes para que los recursos no se desviaran.

Pero ocurre que a) contratos directos con el Iica han celebrado todos los ministros de Agricultura de las últimas décadas. ¿A ellos también los van a acusar?; b) el actual Ministro ha celebrado uno, con el mismo propósito, con la Universidad Nacional. ¿Acaso es ilegal contratar directamente con el Iica y en cambio no con la Nacional?; c) y a ningún funcionario se le puede pedir que actúe más allá de lo razonable en la previsión de las conductas de los particulares y, sobre todo, no se le puede juzgar por los delitos que éstos puedan cometer.

Para rematar, a los acusados se les priva de la libertad dizque por su peligrosidad, por la posibilidad de que repitan su actuación supuestamente delictiva (¿cómo, si ya no son funcionarios?), y, para las dos mujeres, sin considerar que son madres cabeza de familia.

De manera que la Fiscalía considera que delincuentes confesos como los Nule ameritan irse para su casa, pero piensa que unos jóvenes tecnócratas que nada se han robado son tipos peligrosísimos que tiene que estar encerrados mientras que se les juzga. Y mientras tanto, Yidis Medina, confesa y culpable e investigada por secuestro, cuenta también con la protección de la Suprema y está dichosa cumpliendo sentencia en su casita. Esa es nuestra ‘justicia’.

Makled, de nuevo

Rafael Nieto Loaiza

Elcolombiano.com

La Corte Suprema de Justicia se zafó del problema con inteligencia: autorizó la extradición de Walid Makled, uno de los tres grandes mafiosos de Suramérica, pero dejó en manos del Presidente la determinación de su destino.

El Presidente hace varios meses ofreció entregarlo a Venezuela. Fue un gesto prematuro. Eran los tiempos del coqueteo y de florituras verbales como las del "nuevo mejor amigo".

Según Santos, Chávez "ha venido cumpliendo" y destacó la entrega a Colombia "de gente de las Farc y el Eln" y el "avance" en temas comerciales. Es verdad que el chafarote ha entregado media docena de subversivos. Pero no es menos cierto que es mero contentillo: los guerrilleros recibidos son de medio pelo, sin ninguna importancia en la estructura de esas organizaciones terroristas, y los comandantes siguen en Venezuela sin que el gobierno patriota levante un dedo contra ellos.

Allá todavía están los alias Iván Márquez, Timochenko, Grannobles, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Antonio Garcíay Pablito, entre otros. Y no hay ninguna señal de que vayan a ser entregados a Colombia o expulsados del territorio venezolano.

En cuanto al comercio, el gobierno venezolano ha hecho compromisos de pago por cerca del sesenta por ciento de lo que aún adeuda. Lo malo es que en realidad no ha pagado sino menos de la mitad de eso, lo demás está en veremos, y en cualquier caso no hay un solo exportador que envíe un producto al país vecino sin que se lo paguen por anticipado.

Una realidad que no cambiará porque se firme un acuerdo con Caracas y mucho menos si tiene el plazo de cinco años y las condiciones que propone Chávez.

Los exportadores colombianos han sufrido en carne propia que el Teniente Coronel se pase leyes y tratados por la faja y no tienen razón para creer que ahora sí cumplirá. Agréguese que la economía venezolana está en los rines, aún con el petróleo volando, y que los importadores venezolanos han desaparecido. Dígase lo que se diga, mientras Chávez siga montado, el comercio entre los dos países nunca volverá a ser ni remotamente lo que fue.

¿Y los gringos? El senador Lugar, el republicano de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, le recordaba esta semana al presidente Santos que Makled fue arrestado por solicitud de un tribunal de Manhattan y con información y colaboración de la DEA, resaltaba que sin su presencia en los tribunales EE.UU. no puede usar legalmente nada de la información que el capo tenga o haya entregado, y advertía que su extradición a Venezuela sería considerada como un serio retroceso en la cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Es evidente que si Santos sacrifica a Makled en manos venezolanas, abrirá un frente de batalla con los republicanos. Por su lado, el gobierno de Obama ha resaltado su interés en recibir al venezolano.

Así, ¿tiene sentido enfrentarse con quienes han sido nuestro grandes aliados tanto en materia de comercio exterior como en el Plan Colombia? ¿Acaso es más importante el inexistente mercado venezolano que el futuro del TLC con nuestro principal importador? ¿Vale la pena poner en riesgo la cooperación norteamericana en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo?

Quizás en Bogotá la queja de Obama se perciba sólo como un ladrido lastimero. Pero más vale tomarse en serio a los republicanos.

La "rayita" de Piedad

Rafael Nieto Loaiza
Elcolombiano.com

Los rumores sobre la muerte de Cano, fuertísimos y a la hora en que escribo desmentidos por Palacio y por el Comandante del Ejército, evitan concentrarse en hechos recientes que exigen claridad. Uno, la entrega de coordenadas para la liberación de dos rehenes que no correspondían al lugar de su ubicación. Piedad Córdoba, la única persona que tenía esa información, dio dos explicaciones distintas. En un comunicado de "Colombianos por la Paz", sostuvo que "dificultades logísticas, técnicas, atmosféricas, topográficas y, las propias de la guerra interna, dificultaron la entrega de las dos personas que la guerrilla de las Farc-ep anunció dejar en libertad". Pero como nadie quedó tranquilo y se vinieron acusaciones de que las Farc habrían dado intencionalmente mal las coordenadas, sostuvo que una "rayita" confundió a los pilotos. De entrada, da mala espina que haya cambiado la versión de lo ocurrido. Pero las sospechas de que miente se confirman con el pretexto de la "rayita". Ningún piloto y mucho menos pilotos experimentados y militares como los brasileros que comandaban el helicóptero, se confunden con una "rayita" puesta antes de los números y letras que expresan la longitud y latitud del punto de destino de una aeronave. Una "rayita" ahí, antes o después de unas coordenadas, simplemente no significa nada, porque no hay función que pueda cumplir. Por tanto no hay manera de mal interpretarla.

Que la demora y el cambio del lugar de entrega de los secuestrados dio ventajas tácticas a las Farc, es indudable. Habría que ser tonto de capirote para no entender que los tiempos en que se paralizan las operaciones militares son aprovechados por los guerrilleros para moverse, aprovisionarse, sacar la droga que tienen encaletada. Supongo que era un costo asumido por el Gobierno y aceptado, imagino a regañadientes, por la Fuerza Pública. Pero el asunto es aún más sospechoso si es verdad que, como sostienen algunos, el helicóptero, so pretexto de la "rayita", aterrizó en área del Cañón de las Hermosas. De todos los lugares posibles, ¿la "rayita" confundió a los pilotos para llegar precisamente ahí? Es imposible explicar que una equivocación en las coordenadas llevara al helicóptero a la zona de retaguardia del comandante de las Farc y donde se sostiene que Cano se refugia. ¿Alguien nos dirá si es verdad o no que el helicóptero descendió en el Cañón? ¿Dará Teodora una explicación seria sobre el incidente o seguirá tomándonos por idiotas?

Y dicho esto, ¿puede sorprenderse alguien con el espectáculo mediático o con el incidente de las coordenadas? Las Farc han demostrado hasta la saciedad que mienten y engañan y secuestran para sacar el mayor jugo posible de los rehenes. Y Piedad ha probado que aprovecha cada liberación para hacer trabajo político para ella y para las Farc. Era perfectamente imaginable que ambos, Farc y Córdoba, les sacarían punta a estas liberaciones y que las Farc engañarían con las mismas.

De hecho, el Gobierno tendría que saber que el riesgo de usar a Piedad era enorme, al menos si había leído (y me niego a pensar que no lo ha hecho) la decisión del Procurador donde quedan probados sus vínculos con los terroristas. Parece que, sin embargo, hay perros a los que los emasculan de manera repetida.

Para rematar, entramos otra vez en la dinámica de las discusiones sobre diálogos y procesos de paz. El presidente Santos, como en el caso del paro de los camioneros que, dígase lo que se diga, resultó mal para el país y para el Gobierno, ha sido puesto a la defensiva.