La confusión

Alberto Velásquez M.

Elcolombiano.com

Independientemente de que se sea gobiernista o no, la percepción que se ha venido generalizando en el país es la de que se está malogrando la política de seguridad que sembró Uribe en su mandato. "340 municipios sitiados por grupos armados ilegales", según informa EL COLOMBIANO, confirman tal apreciación.

Pareciera que el conflicto armado comenzara nuevamente a agudizarse. Que la Seguridad Democrática se estuviera marchitando prematuramente, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros frutos. Política que requiere abonarse y perfeccionarse en vez de dejarla asfixiar por la maleza de la desidia oficial y la delincuencia. La criminalidad ya no solo comienza a rebrotar en las zonas rurales del país, sino con mayor énfasis en las grandes y medianas urbes colombianas.

Las acciones subversivas han ido en aumento. Con el agravante de que en las Fuerzas Militares se adivina cierto grado de desmoralización, dado los hostigamientos a que han venido siendo sometidos altos y medianos mandos. Hay funcionarios del Estado que en vez de convertirse en aliados del Ejército para la lucha jurídica y frontal contra la delincuencia, vienen ejerciendo el papel de hombres estorbos, cuando no de inquisidores para menoscabar la moral castrense. El mismo general Matamoros, al ser decapitado por un marino, confirmó "la notoria caída de la eficiencia de las tropas y la confusión que reina en el alma de nuestros combatientes". No es propiamente un chisgarabís el que patentiza esta decepcionante realidad, sino el más antiguo oficial, ya cesado, del Ejército Nacional.

A simple vista este desapego -sin decir abandono total- por el tema de la seguridad parece que obedeciera a cierto complejo del Gobierno Nacional por seguir predicando y practicando la Seguridad ciudadana como tema prioritario de su agenda de trabajo. Sabemos que es una acción que incomoda a los nuevos socios externos del presidente Santos y a ciertos grupos de izquierda y anarquistas, tan poco interesados en que los hechos de inseguridad se disipen del ensombrecido panorama de la política nacional.

El caso de las llamadas bacrim es de un protagonismo dramático. La Dipol calcula que estos grupos tienen presencia en 17 departamentos, es decir, la mitad de las regiones de Colombia. Cerca de 10 mil hombres formarían tal imperio diabólico, si damos crédito a las mismas organizaciones que no son muy afectas al gobierno anterior, y que han levantado sus voces de hosannas para recibir, en medio de arcos triunfales, el advenimiento del actual gobierno.

Posiblemente el avasallador invierno, que movió al jefe del Estado a invocar la formación de un frente común para paliar sus efectos destructores, ha servido de distractor para desviar la atención del alto gobierno de su misión constitucional de garantizar la vida de los colombianos. Ciudadanos que comienzan nuevamente a sentir los rigores de la inseguridad en campos y ciudades.

Las extremas izquierdas -que como las brujas, que las hay las hay- y los chamberlain criollos les están ganando la batalla a quienes defienden los fueros de los militares. Estos quedaron a merced de una sesgada justicia ordinaria. Los excesos de un leguleyismo amparado por la politización de la justicia los está degradando y despojando de sus charreteras. Y si de encima se cuenta con un ministro de Defensa bien intencionado, pero sin voz de mando que aglutine y cauterice las heridas que se abren en la moral interna del Ejército por movimientos súbitos en sus jerarquías castrenses, ahí sí que el panorama se pinta de un gris oscuro.

¿Dejará este Gobierno languidecer, para que muera por sustracción de materia, la Seguridad Democrática? ¿La que abrió tantas esperanzas -para que se adoptara como política de Estado- en un país que tiene más de medio siglo de soportar estoicamente la violencia?