¡Y las Farc de fiesta!

Rafael Nieto Loaiza

Elcolombiano.com

Ingenuos: mientras algunos abogábamos porque se aprovecharan los computadores de Reyes para obtener cambios radicales en la conducta de Ecuador y Venezuela, en provecho de los intereses nacionales, la Suprema maduraba un auto inhibitorio que sostiene que las pruebas obtenidas en esa operación son ilegales y no producen ningún efecto jurídico.

Aclaremos que está probado que la información de los computadores es cierta, más allá del esfuerzo de Correa y Chávez por sostener que son un invento o que lo que dicen es falso. Los computadores son reales y su contenido no fue manipulado o alterado, como ratificó Interpol. Con base en esa información en España se capturó a Remedios García, enlace de las Farc, y se dictaron medidas contra miembros de Eta, en Paraguay se desmanteló un grupo guerrillero responsable del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero de las Farc, y en Chile se abrió un proceso judicial contra uno de sus miembros.

Pero lo que afuera fue útil para perseguir a los violentos y sus bienes, para nuestra Corte no vale nada. Y no porque sea falso, que no lo es, sino por una leguleyada: que la prueba es ilegal por no haber sido obtenida en virtud de los tratados de asistencia judicial con Ecuador. A la Sala Penal le importa un bledo que los mismos computadores prueben que las autoridades ecuatorianas a las que según la Corte había que solicitarles cooperación para capturar a Reyes y sus computadores fueran precisamente quienes estaban colaborando con las Farc, empezando por el ministro y el viceministro de Interior y Seguridad ecuatorianos. Una ironía.

La Corte además sugiere que la operación contra Reyes violó la soberanía ecuatorial y es violatoria de distintos tratados internacionales. Es decir, nuestros flamantes penalistas asumen el papel de expertos en derecho internacional y, de paso, abren espacio para demandas de Ecuador contra Colombia por el bombardeo. Anulan el valor de la información que involucra a funcionarios ecuatorianos en flagrantes violaciones al derecho internacional, al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y a los de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y agudizan el riesgo judicial de los militares y policías que actuaron en la operación. Y de Uribe y Santos, que la ordenaron.

Si del lado de la lucha contra los violentos todo es pérdida, del otro la fiesta no se hizo esperar. Correa calificó la información como una "patraña" que "no tenía ninguna validez moral ni ética" y dijo que los "archivos fueron manipulados y alterados". El canciller Maduro sostuvo que todo era una "fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores". Borja amenazó con demandas contra la Fiscalía, el Estado y los medios de comunicación. Teodora anunció que ella iba a impugnar su destitución. Y no hay que ser adivino para saber que en los campamentos de las Farc están de parranda.

Que la Corte no nos mienta: aquí no ganaron la sociedad colombiana, la justicia o el debido proceso. Los únicos ganadores son los terroristas y sus amigos en Colombia y en el extranjero. Para decirlo con todas las letras, el resultado de la decisión es que la Sala Penal protegió a todos los miembros de las Farc y a sus colaboradores, sus bienes y estructuras políticas, que están referidos en los computadores del antiguo jefe político de esa organización. Toda la información que hay sobre ellos en esos soportes informáticos, megas y megas de datos, no puede usarse en su contra.

La confusión

Alberto Velásquez M.

Elcolombiano.com

Independientemente de que se sea gobiernista o no, la percepción que se ha venido generalizando en el país es la de que se está malogrando la política de seguridad que sembró Uribe en su mandato. "340 municipios sitiados por grupos armados ilegales", según informa EL COLOMBIANO, confirman tal apreciación.

Pareciera que el conflicto armado comenzara nuevamente a agudizarse. Que la Seguridad Democrática se estuviera marchitando prematuramente, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros frutos. Política que requiere abonarse y perfeccionarse en vez de dejarla asfixiar por la maleza de la desidia oficial y la delincuencia. La criminalidad ya no solo comienza a rebrotar en las zonas rurales del país, sino con mayor énfasis en las grandes y medianas urbes colombianas.

Las acciones subversivas han ido en aumento. Con el agravante de que en las Fuerzas Militares se adivina cierto grado de desmoralización, dado los hostigamientos a que han venido siendo sometidos altos y medianos mandos. Hay funcionarios del Estado que en vez de convertirse en aliados del Ejército para la lucha jurídica y frontal contra la delincuencia, vienen ejerciendo el papel de hombres estorbos, cuando no de inquisidores para menoscabar la moral castrense. El mismo general Matamoros, al ser decapitado por un marino, confirmó "la notoria caída de la eficiencia de las tropas y la confusión que reina en el alma de nuestros combatientes". No es propiamente un chisgarabís el que patentiza esta decepcionante realidad, sino el más antiguo oficial, ya cesado, del Ejército Nacional.

A simple vista este desapego -sin decir abandono total- por el tema de la seguridad parece que obedeciera a cierto complejo del Gobierno Nacional por seguir predicando y practicando la Seguridad ciudadana como tema prioritario de su agenda de trabajo. Sabemos que es una acción que incomoda a los nuevos socios externos del presidente Santos y a ciertos grupos de izquierda y anarquistas, tan poco interesados en que los hechos de inseguridad se disipen del ensombrecido panorama de la política nacional.

El caso de las llamadas bacrim es de un protagonismo dramático. La Dipol calcula que estos grupos tienen presencia en 17 departamentos, es decir, la mitad de las regiones de Colombia. Cerca de 10 mil hombres formarían tal imperio diabólico, si damos crédito a las mismas organizaciones que no son muy afectas al gobierno anterior, y que han levantado sus voces de hosannas para recibir, en medio de arcos triunfales, el advenimiento del actual gobierno.

Posiblemente el avasallador invierno, que movió al jefe del Estado a invocar la formación de un frente común para paliar sus efectos destructores, ha servido de distractor para desviar la atención del alto gobierno de su misión constitucional de garantizar la vida de los colombianos. Ciudadanos que comienzan nuevamente a sentir los rigores de la inseguridad en campos y ciudades.

Las extremas izquierdas -que como las brujas, que las hay las hay- y los chamberlain criollos les están ganando la batalla a quienes defienden los fueros de los militares. Estos quedaron a merced de una sesgada justicia ordinaria. Los excesos de un leguleyismo amparado por la politización de la justicia los está degradando y despojando de sus charreteras. Y si de encima se cuenta con un ministro de Defensa bien intencionado, pero sin voz de mando que aglutine y cauterice las heridas que se abren en la moral interna del Ejército por movimientos súbitos en sus jerarquías castrenses, ahí sí que el panorama se pinta de un gris oscuro.

¿Dejará este Gobierno languidecer, para que muera por sustracción de materia, la Seguridad Democrática? ¿La que abrió tantas esperanzas -para que se adoptara como política de Estado- en un país que tiene más de medio siglo de soportar estoicamente la violencia?

¿Por qué el Coronel Plazas es inocente?

Jaime Granados

Elcolombiano.com

Existen muchas razones que impedían jurídicamente la imposición de sentencia condenatoria en contra del Coronel Alfonso Plazas Vega, tema que se ha ventilado en foros especializados. A estos motivos se agregan otros de orden probatorio, que demuestran la absoluta inocencia del Coronel en estos hechos. Sin embargo, esta es Colombia y, de manera increíble, fue condenado en junio de 2010 a 30 años. Se dirá que digo esto porque soy su defensor, pero ahí está el expediente para quien lo quiera examinar.

El Coronel Plazas no fue el comandante del operativo de la recuperación del Palacio, como se ha querido hacer creer. Él era uno de tantos subalternos, por debajo del general Jesús Armando Arias, designado para ejecutar la orden presidencial de recuperar el Palacio. Esto es ignorado flagrantemente en la sentencia condenatoria, que supone que el Ejército se comportaba como un comité.

No. En los cuerpos militares hay jerarquías, hay cadenas de mando, hay compartimentación de la información. Considerando que el M-19 estaba bien parapetado, la misión del Coronel Plazas como comandante de la Escuela de Caballería y encargado de los tanques, era el ingreso al Palacio, recuperación física del mismo y liberación de los rehenes. En esa tarea también participó la Escuela de Artillería al mando del Coronel Rafael Hernández y del Mayor Carlos Fracica, así como seis unidades tácticas más.

El Ejército tiene un cuerpo de inteligencia, del que no hacía parte Plazas. Era natural que a la inteligencia, no sólo del Ejército (B2, COICI al mando del General Iván Ramírez), sino además de policía (F2) y civil (DAS), le correspondiera averiguar lo relativo a ese asalto y a sus autores. Hay testimonios, que no comprometen al Coronel Plazas, sobre conductas irregulares de integrantes de estos cuerpos, que pudieron culminar con la desaparición de una sola persona, la guerrillera Irma Franco. Cuando el Coronel Plazas culmina su misión de derrotar a la banda asaltante y de rescatar a los rehenes, se retira de la escena, momento en el cual, en la casa del Florero, los organismos de inteligencia adelantaban su labor.

Se acreditó hasta la saciedad la mentira del dicho de los testigos de cargo en contra del Coronel Plazas, señores Ricardo Gámez, Tirso Sáenz y Édgar Villamizar. En la sentencia condenatoria sólo se pudo recurrir al último de los citados. Gámez, ni siquiera fue usado por la Fiscalía para sustentar sus distintas decisiones. El segundo, Sáenz, convicto de delitos graves, envía cartas al juzgado advirtiendo que en caso de no ser trasladado a Bogotá, tal y como le fue ofrecido, se retractaría de lo dicho en contra del Coronel. Naturalmente consiguió el inmediato traslado de Cómbita a La Picota. El tercero, Villamizar, rodeado de dudas sobre su verdadera existencia e identidad, personaje este que, en cualquier caso, nunca salió de Granada Meta, como para testificar lo que había pasado en Bogotá. Los mismos motivos por los cuales el juzgado desecha el testimonio de Sáenz, en sana lógica, tendrían que haber descartado el de Villamizar. Pero no.

Su testimonio es el que fundamenta la condena. No se olvide que un parlamentario del M-19 acusó a Plazas de ser su torturador, demostrándose que éste estaba fuera del país para la fecha en que el honorable parlamentario decía haber sido torturado. Esa es la laya y la ley de los testigos en contra del Coronel Plazas. A Sáenz, Villamizar y otros falsarios, se les tenía que haber investigado por falso testimonio, pero no se hizo.

Quedan aún los recursos de apelación interpuestos por defensa y por Procuraduría, pendientes de decisión, y una eventual casación, para corregir los graves errores de la sentencia de primera instancia y evitar una grave injusticia. El mejor homenaje que pueden hacer jueces y magistrados en Colombia a hombres como Reyes Echandía o Medina Moyano, es profiriendo sentencias no bajo el imperio de la pasión, el deseo de revancha, o por la presión de los medios de comunicación, sino iluminados por la razón, el derecho y, por sobre todo, la justicia.

La reforma que nunca llega

Rafael Nieto Loaiza

Elpais.com.co

Dicen que los columnistas somos obsesivos y que reiteramos nuestras columnas, bajo distintas formas, una y otra vez. Quizás sea así. Al menos yo, lo reconozco, vivo con la idea permanente de que nuestro sistema de administración de justicia se debate entre el desastre y la vergüenza y que su reforma es la tarea pendiente que ni el anterior gobierno ni éste han logrado acometer.

No es que no se haya intentado. Me consta que en la administración Uribe, Fernando Londoño lo procuró dos veces, en una de cuyas ocasiones apenas tres temas resultaron ser ajenos al consenso entre las altas Cortes. En lo demás, para mi sorpresa, hubo acuerdo. Y no era esa una reformita de pipiripao, como la de Pretelt de la Vega, un regular economista que posaba de abogado, sino una de calado que tocaba los asuntos estructurales. Al final, el esfuerzo fracasó. Sé también que lo intentaron los ministros de Justicia siguientes, también ellos sin éxito.

Santos también lo quiso y jugó, como antes Uribe, a alcanzar un acuerdo con las Cortes. Algunos advertimos que ese era el mejor camino para ponerle lápida a la reforma. Así ha sido. Ya el Gobierno tuvo que anunciar que no presentaría proyecto de reforma en esta legislatura. Y sé de inmejorables fuentes que las discusiones al interior de la comisión para la reforma a la Justicia, de la que hacen parte los presidentes de las Cortes y del Legislativo, dan grima y van camino a ningún lado.

Pero muy mal anda una administración de justicia que, en abierta violación de los tratados de derechos humanos, condena de por vida al coronel Plazas por un delito inexistente en la época de los hechos y con aplicación retroactiva la ley penal en lo desfavorable, sin prueba ninguna de su responsabilidad en los hechos y con única base en un supuesto testimonio de alguien cuyo nombre no coincide siquiera con el documento de identidad que dijo tener.

Muy mal anda una administración de justicia que acusa a cuatro jóvenes tecnócratas, ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, por celebrar un contrato directo con un organismo de la OEA con el que desde la década de los 60 todos los ministros del ramo han celebrado idénticos convenios. Y que los priva de la libertad mientras que los juzga, mientras que esa misma Fiscalía pide que los Nule se vayan a su casita, la ‘Gata’ anda suelta y con escoltas por todo el Caribe, y la Suprema le da casa por cárcel a la confesa Yidis Medina.

Muy mal anda una administración de justicia que a fines de 2009 tenía en sus inventarios 1.174.191 noticias criminales de supuestos delitos por esclarecer, y que ese mismo año ingresaba 986.064 casos más, un número que supera el total de los evacuados durante toda la vigencia del sistema penal acusatorio.

Muy mal anda una administración de justicia que esta misma semana, en una leguleyada, ordenaba la libertad de ‘Chucho’, un confeso asesino de las Farc. Y que en los cinco años de funcionamiento del sistema acusatorio produce apenas 5.587 condenas por homicidio cuando en ese mismo período se produjeron, según cifras oficiales, 84.745 asesinatos. Es decir, sólo en el 6,59% de los homicidios encontró culpable. Mal, muy mal anda una Justicia en que un homicida tiene el 94% de posibilidades de que su crimen nunca sea castigado.

¿Justicia o vergüenza?

Rafael Nieto Loaiza
Elpais.com.co

La corrupción es una plaga que corroe a la sociedad por dentro, mina la ciudadanía, debilita las instituciones y no nos permite atacar de manera eficaz y eficiente la miseria y la pobreza y el pavoroso déficit de infraestructura que nos agobian.

De manera que no se puede sino aplaudir los esfuerzos del aparato judicial por llevar a la cárcel a los responsables de tales desafueros. Pero la Justicia debe ser eso, el ejercicio de darle a los responsables de violar la Ley el castigo que se merecen, y no una herramienta populista o de persecución política. Cuando se desvía, cuando pierde su rectitud e imparcialidad, cuando actúa como instrumento político o de venganzas personales o como complaciente caja de resonancia de la presión que los medios de comunicación ejercen, el aparato penal deja de ser la fuerza legítima del Estado contra quienes delinquen y se convierte en violencia revestida de legalidad que se cierne tenebrosa sobre los inocentes.

Mucho me temo que ese es el caso de los cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura a quienes acaban de privar de su libertad. Advierto que no tengo interés personal en el asunto: nunca he tenido trato con ellos o con el Ministerio o las entidades que de él dependen. Soy una especie urbana y ni mis padres ni mis hermanos ni yo hemos tenido finca o actividad agropecuaria alguna.

Estos jóvenes parecen ser los chivos expiatorios de un escándalo, el de Agro Ingreso Seguro, donde la desinformación ha cundido y el trabajo de la Fiscalía es vergonzoso. Para que el lector no se equivoque, aquí no se está juzgando a los particulares que fraccionaron sus propiedades, para efectos de obtener más subsidios en el programa de riego. Ese es un proceso distinto donde, si se prueba que se actuó dolosamente, la Justicia debería ser implacable.

Tampoco se acusa a los ex funcionarios de haberse robado un peso o de haberse coaligado con particulares que lo hicieran. Está fuera de duda que eso no ocurrió. Se les imputa por “celebración indebida de contratos”, después de que el fiscal del caso no fuera capaz de sustentar los cargos de peculado. En otras palabras, se les acusa por la celebración de un contrato directo con un prestigioso órgano de la OEA, el Iica, y de no haber previsto suficientes blindajes para que los recursos no se desviaran.

Pero ocurre que a) contratos directos con el Iica han celebrado todos los ministros de Agricultura de las últimas décadas. ¿A ellos también los van a acusar?; b) el actual Ministro ha celebrado uno, con el mismo propósito, con la Universidad Nacional. ¿Acaso es ilegal contratar directamente con el Iica y en cambio no con la Nacional?; c) y a ningún funcionario se le puede pedir que actúe más allá de lo razonable en la previsión de las conductas de los particulares y, sobre todo, no se le puede juzgar por los delitos que éstos puedan cometer.

Para rematar, a los acusados se les priva de la libertad dizque por su peligrosidad, por la posibilidad de que repitan su actuación supuestamente delictiva (¿cómo, si ya no son funcionarios?), y, para las dos mujeres, sin considerar que son madres cabeza de familia.

De manera que la Fiscalía considera que delincuentes confesos como los Nule ameritan irse para su casa, pero piensa que unos jóvenes tecnócratas que nada se han robado son tipos peligrosísimos que tiene que estar encerrados mientras que se les juzga. Y mientras tanto, Yidis Medina, confesa y culpable e investigada por secuestro, cuenta también con la protección de la Suprema y está dichosa cumpliendo sentencia en su casita. Esa es nuestra ‘justicia’.

¿Que ya no hay campamentos en Venezuela?

Carlos Andrés Pérez

Elcolombiano.com

Quedamos sorprendidos, no sólo los colombianos de bien sino muy seguramente los guerrilleros de las Farc que están en Venezuela, con la certidumbre que demostró Juan Manuel Santos en España al decir que los campamentos que antes él mismo denunciaba como ministro de Defensa, desaparecieron.

A quienes seguimos a diario desde hace muchos años el inequívoco amparo que Hugo Chávez le ha dado públicamente a ese grupo y al Eln, nos cayó como un baldado de agua fría la contundencia de Santos. Meses atrás habíamos recibido con estupor las pruebas de 87 campamentos en los que permanecían o pasaban 1.500 guerrilleros, que presentó ante la OEA el embajador Luis Alfonso Hoyos.

Lo mínimo que esperamos ahora de Santos, al realizar esas concesiones tan desproporcionadas a su socio venezolano, son pruebas igual de contundentes a las que el gobierno del que él mismo hizo parte, presentó en julio de 2010. Decir en un programa de televisión español que tiene "constancia de que los campamentos que nosotros teníamos ubicados ya no están ahí" es por demás ingenuo e irresponsable, que es peor.

Santos está deslumbrado porque Chávez le entregó dos guerrilleros que asesinaron a infantes de marina colombianos y dice que ese es un gesto que "no tiene precedentes", además agradeció el envío de "narcotraficantes importantes" como si esa no fuera la obligación de un Jefe de Estado del mundo democrático y al contrario tuviéramos que decirle gracias al dictador por hacernos el favor.

Aquí hay un nuevo asunto para analizar: si las cosas son tan color de rosa como las pinta el Presidente, ¿no cabe preguntarse, entonces, si la información que él mismo filtraba a los medios sobre la participación del tirano venezolano en actividades ilegales, era mentirosa y a la vez una 'picardía' (para usar sus propios términos) electorera?

Qué desgaste innecesario el del expresidente Álvaro Uribe al romper las reglas de lo que el común entiende como diplomacia y revelar la verdad ocurrida con nuestros vecinos. Qué desgaste sin sentido el del exembajador Luis Alfonso Hoyos al soportar burlas en la cara cuando su colega Roy Chaderton de Venezuela ridiculizó las fotos y videos del amparo de Chávez, que él mostraba.

No hay ninguna justificación para que Santos haga lo que está haciendo, ¡ninguna!: ni las buenas relaciones, ni ganarse un sitial de liderazgo en América Latina, ni evitarse insultos en Aló Presidente.

Al contrario, el respeto por su país al que no debería engañar con afirmaciones aligeradas como la de esta semana, sí justifica una revisión a su forma de conducir muchas cosas del gobierno.

Falsos positivos judiciales

Jorge Enrique Pava Quiceno

Lapatria.com

En un atinado y bien fundamentado editorial del diario El Espectador del miércoles pasado, se hace una especie de denuncia relacionada con la supuesta rigurosidad de la justicia colombiana en el caso de Agro Ingreso Seguro, y con la forma como ésta misma justicia quiere mostrar resultados a toda costa, aún sacrificando la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.

Hace unas interesantes reflexiones el editorialista sobre el afán mediático de quienes dictaron medida de aseguramiento en contra de cuatro funcionarios de alto rango en el Ministerio de Agricultura, no por "haber hecho algo indebido" sino por "no haber previsto en las regulaciones legales suficientes mecanismos de blindaje para que los recursos no fueran desviados". ¡Qué tal! Se agotan los procedimientos legales; se cumplen todos los formalismos exigidos; se respetan todos los cánones contemplados en el otorgamiento de recursos; se cumplen las revisiones en todas las instancias; y cuando, una vez en manos de particulares, esos recursos son malgastados o desviados, se quiere encontrar la responsabilidad en los funcionarios que los otorgaron y no en quienes los utilizaron indebidamente. Es como si, con el producto de un préstamo bancario, el beneficiario comprara un cargamento de narcóticos; ¿tendrían que pagar una condena el gerente del banco y demás empleados que intervinieron en la operación bancaria?

Pero esa justicia mediática que hoy se hace presente en el caso de AIS, no está debutando apenas ahora. En Manizales y Caldas hemos venido soportándola desde hace unos cuantos años en los que todo se judicializa, toda actuación es mirada con recelo y toda obra que se emprende se ve truncada por la influencia de la envidia política, económica o social que encuentra eco en los órganos de control o judiciales.

Infortunadamente en esta región quien gestiona el desarrollo, quien actúa, quien visiona con emprendimiento o quien se atreve a soñar, no es digno de alabanza, apoyo, colaboración y reconocimiento, sino que se convierte en sospechoso, corrupto, prevaricador y delincuente. Y como nuestra justicia muchas veces atiende con dudosa celeridad el rumor, la noticia malintencionada, el anónimo cobarde o la acusación infundada, cualquier persona (sobre todo el funcionario público) pasa de la gloria al infierno por un titular de prensa o por una noticia "filtrada", que no tiene un objetivo diferente al de poner en la picota pública a quien se quiere destruir, así al final, después de una larga tortura y varios millones perdidos, salga absuelto de toda culpa.

Miremos, por ejemplo, el caso de Manizales Segura donde se investiga con bombos y platillos a un gran número de personas que prestan servicios o venden bienes lícitos, de buena fe y cumpliendo todos los requisitos comerciales. ¿Qué se busca con esto? Dejar la sensación de que la justicia está operando, de que hay funcionarios pendientes de cuidar nuestros recursos, y de que existe una racionalidad en los órganos de control y judiciales. ¿Cuánto les cuesta este espectáculo al Estado y a los particulares que se ven involucrados en un largo y oneroso proceso, que cumple más un objetivo de escándalo mediático?

O en Aerocafé, donde la Contraloría procede en contra de decenas de personas que nada tienen que ver en el asunto, tratando de encontrar culpables por fallas geológicas, desastres naturales o imprevistos, y para ello utiliza una especie de "regadera" investigativa generando un pánico regional. ¿Qué pueden pretender? Desgastar las personas, vengarse del enemigo, desestabilizar al contendor, salir airoso de una batalla politiquera irracional, o simplemente generar caos para posar luego de salvadores. Y los órganos de control prestándose para este juego perverso…

Y remata el editorial citado con una frase que encaja perfectamente en lo que estamos viviendo en nuestra región: "… ojalá la justicia no permita que inocentes terminen pagando para satisfacer la ansiedad de la opinión pública o alguna que otra carrera política. No quedará una sola persona correcta en el país que se arriesgue a trabajar para el Estado si se siguen sentando malos precedentes como los que estamos presenciando".

¿Se le apuntaría Usted a ejercer un cargo público a sabiendas de que por un anónimo, por una acusación infundada, por un falso positivo judicial o por la venganza de un poderoso, va a ser destituido, estigmatizado, destruido o encarcelado? ¡Seguramente que no! De ahí que a estas alturas del partido electoral no haya claridad sobre personas buenas que quieran aspirar a gobernación o alcaldía, pues saben que con el solo hecho de exponer su nombre saldrán esas arpías politiqueras que sobrevuelan nuestra ciudad a tratar de mancillarlos, destruirlos y desterrarlos, utilizando los órganos de justicia para sus fines perversos.

Tan bueno cuando había seguridad

Juan David Escobar Valencia

Elcolombiano.com

"El colmo de la estupidez: aprender algo que luego se va a olvidar" . Erasmo de Rotterdam

No soy quién para poner en duda la teoría de Maslow que jerarquiza las necesidades del individuo y sugiere que la satisfacción de las necesidades fisiológicas es previa a las de seguridad, pues ya Clayton Alderfer decidió ponerlas en el mismo nivel. Pero si no es el individuo el centro de la discusión sino la comunidad, tal vez sea la seguridad el elemento fundamental que la garantice como lo plantea un documento del interesante proyecto de IBM®, " Global Innovation Outlook ", cuando dice que: "La sociedad debe su misma existencia a la necesidad humana básica de la seguridad colectiva. De esta manera, la seguridad y la sociedad son sinónimas. Sin la una, la otra deja de ser".

No voy a llenar esta columna con cifras que otros con más tiempo y espacio pueden hacer mejor que yo, sino a mencionar el sentimiento, ni imaginario ni infundado, de inseguridad que todos los días se acrecienta más en este país, así los altos mandos militares o el complaciente con su pariente en la Casa de Nariño, periódico capitalino, quiera soslayar.

Lo que está ocurriendo con la seguridad de Colombia es serio y preocupante, máxime cuando las calificadoras de riesgo se demoran en subir las calificaciones, pero no en bajarlas. ¿Sabe usted el número de miembros de la fuerza pública muertos desde hace unos meses? ¿Sabe usted por qué las fuerzas militares no quieren combatir como antes? ¿Hace cuánto tiempo no sabíamos de un ataque guerrillero masivo a un pueblo indefenso, de voladuras de torres de energía o de oleoductos? ¿Sabe desde cuándo se reactivaron los asaltos en las carreteras? ¿Sabe cuántos atracos y robos, los que se reportan, han ocurrido en los últimos meses en Medellín y cuántas bandas delincuenciales y narcotraficantes tiene la ciudad imparable? ¿Ha sabido a cuántas personas asaltan diariamente con escopolamina en esta ciudad? Si quiere "dormir tranquilo", mejor no averigüe, pero cuando salga por la mañana de su casa, "no se duerma".

¿Será que como a la élite del altiplano cundiboyacense ya no la secuestran en sus fincas de recreo, volvieron a pensar que lo que hay es una guerra lejana y para los de ruana?

Pero si esto es grave, porque "el miedo es el peor de los sentimientos colectivos" como dijo Émile Herzog, peor es la amnesia de la dirigencia. ¿Cómo hizo tan rápido el anterior Ministro de Defensa para olvidar lo que parece no aprendió del todo? ¿Por qué su antiguo jefe directo ahora les está recortando el presupuesto a quienes lo ayudaron a ser presidente? ¿En dónde embolató el acuerdo con EE.UU. para el uso de las bases militares que nadie lo encuentra? Una amnesia tan veloz y selectiva, casi como la de su ministro de "cambios radicales", es digna de una investigación médica, pero si a uno se le olvida quién era el blanco de sus ataques durante años e instantáneamente loconvierte en su "nuevo mejor amigo" en un solo segundo, lo que hay que investigar son los desconocidos efectos secundarios de ponerse una banda presidencial tricolor.

Afortunadamente la plaga de la amnesia no se transmite tan rápido y los nueve millones que votamos por él no olvidamos por qué lo hicimos, y esperamos que él no olvide quiénes y qué lo hicieron presidente.