La Fiscalía no merece el respeto de los colombianos

Fernando Londoño Hoyos, 

Radio Súper

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La justicia Colombiana se está ganando muy merecidamente su desprestigio. La justicia colombiana se ha convertido en una organización política de baja condición. Nos estamos refiriendo ahora a la Fiscalía General de la Nación que es parte de la administración de justicia, según lo dispone la propia Constitución Política de Colombia. Sus exageraciones, sus tergiversaciones, sus excesos, no pueden ser motivo de respeto para el pueblo colombiano. Ayer, en la audiencia para Agro Ingreso Seguro, pidió para los funcionarios del ministerio de Agricultura, gente proba, gente recta, gente buena, muchachos jóvenes de primera condición técnica que le sirvieron al país nada menos que en la recuperación de un millón de hectáreas para la producción de comida en este suelo, para que los colombianos tengan qué comer, esos muchachos fueron parte integral de ese equipo técnico que produjo ese milagro, esos muchachos fueron acusados de no sé cuantos delitos, con unas exageraciones que llegan, sencillamente, al ridículo.

Porque para la Fiscalía, todo lo que hizo Agro Ingreso Seguro (AIS) fue ilegal y delictivo. Vaya, vaya. De manera que los subsidios otorgados a cerca de 300 000 campesino en todo el país, solamente dentro del programa de irrigación, pues en ese programa se centra el escándalo, en los demás no han dicho palabra porque es invulnerable el programa de AIS y porque a todas luces representa una inmensa conquista social de los campesinos pobres de Colombia. Pues esos subsidios son, para la Fiscalía, una ilegalidad, un acto criminal. Vaya, vaya.

Todos sabemos, porque a eso se concretó el escándalo, que lo que está en tela de juicio son los subsidios otorgados a unas personas pudientes que tomaron el dinero y lo invirtieron bien, según se deduce de las noticias que tenemos. Invertirlo bien significa invertirlo en el campo para producir comida y para producir, en general, empleo. Habrá pues que examinar, pues, cual es el límite de la legalidad en ese tema, pero de los otros casi 300 000 subsidios para campesinos pobres no cabe duda alguna, cuyos predios fueron salvados de la aniquilación, de los inviernos y de los veranos por unos procesos de irrigación dirigidos desde el ministerio de Agricultura, y contando con la asistencia tecnológica de la OEA, que es la última palabra cuando se trata de acusar colombianos pero que es un organismo despreciable y un medio detestable de criminalidad cuando se trata de medir el AIS.

Todo este rigor extremo de la Fiscalía General de la Nación contrasta con los hondos silencios y con las graves complicidades de la misma Fiscalía cuando se trata de otros temas. Por ejemplo, cuando se trata de DMG la Fiscalía General de la Nación guarda silencio durante un año entero, año que DMG utilizó para esquilmar a centenares de miles de familias colombianas a quienes les robó billones de pesos con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación, la misma que hoy es tan severa con el caso de AIS.

Estamos todavía sacudidos por el escándalo que nos produjo un sujeto que tiene todavía el título de abogado y que, además, se muestra como profesor de una de las que fue una de las mejores facultades de Derecho de Colombia, el Externado. Estamos hablando del señor Ballesteros que aparece en videos tratando de extorsionar a un testigo protegido por los Estados Unidos para que diga lo que le parece en materia de ciertos delitos y de ciertas complicidades. La Fiscalía general de la Nación toma ese delito y encuentra que se ha violado en una sola ocasión la ley penal: un solo delito para Ballesteros. En cambio, para los jóvenes de AIS, que no recibieron un peso de nadie, que no fueron extorsionados por nadie y que no dañaron a nadie: para ellos hubo siete delitos, y para Ballesteros, uno.

Como en el caso de DMG también, cuando la Fiscalía no tuvo más remedio que obrar salvó a DMG y a sus cómplices del delito de estafa y del delito de concierto para delinquir, porque sabía que si incluía esos delitos iba a dañar la imagen de ciertos asesores externos de DMG, algunos de ellos muy caros a los afectos de la Fiscalía General de la Nación. Hace poco estábamos hablando de una pirámide en los Estados Unidos a través de la cual un fulano se robó la plata de las pensiones de jubilación de Pdvesa y decía la prensa que a ese señor le esperaban por lo menos 70 años de cárcel por los delitos cometidos. Por las pirámides en Colombia, que fueron mucho más cuantiosas y mucho más decisivas para el desequilibrio social de esta República, las penas fueron tan leves que ya, por trabajos y estudios en la cárcel y por libertad condicional, salieron de prisión los primeros ejecutores de esa política siniestra. Desde luego, sin acusación alguna por estafa, y sin acusación alguna por concierto para delinquir. En los Estados Unidos, una pirámide es equivalente a una estafa.

De manera que hagamos la comparación: caso DMG, caso de Ramón Ballesteros, la Fiscalía no es solamente benévola sino prácticamente cómplice. En cambio, ante el caso de AIS se trata, según ella, de la mayor defraudación cometida en la historia de Colombia contra los intereses del campo colombiano. Eso, si no tuviera un fondo trágico, lo llevaría a uno a soltar una carcajada de sorpresa y de desprecio por la ignorancia con que la Fiscalía está manejando los grandes temas del país. Complicidad por un lado, rigor extremo, exagerado y estúpido por el otro. Conclusión: la Fiscalía General de la Nación no merece el respeto de los colombianos.